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Actualizado el 16/02/2015
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Fiscalizaciones por tabaco disminuyen un tercio en segundo año de vigencia de ley

Seremis de Salud informaron 14.013 inspecciones realizadas en 2014; 7.705 menos que en 2013.

Fiscalizaciones por tabaco disminuyen un tercio en segundo año de vigencia de ley

El 1 de marzo de 2013 comenzó a regir la Ley del Tabaco, que prohibió fumar en espacios públicos cerrados, como restaurantes, locales comerciales y estadios, y restringió, además, la publicidad de las empresas tabacaleras.

Luego de un primer año de intensas fiscalizaciones, en el cual las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (Seremi) realizaron  21.718 inspecciones a lo largo de todo el país, durante 2014 éstas mostraron una caída de 35%, llegando a 14.013 (ver infografía ).

Así lo constatan los informes elaborados por las Seremis de Salud, principales agentes vigilantes del cumplimiento de la ley, a solicitud de La Tercera, y ratificados, además, por el jefe de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Tito Pizarro.

“Si bien existe una baja en las fiscalizaciones, guarda relación con que en un comienzo de la implementación de la Ley, en el proceso de fiscalización, se envía más gente a fiscalizar como tarea específica el tabaco, porque esa es la forma de poder sensibilizar, difundir y lograr que todos los locales comerciales tengan conocimiento de la ley y que ésta se esté aplicando”, explica.

Asimismo, la autoridad señala que la cantidad de establecimientos fiscalizados, que a nivel país fue de 4.356 en 2014, por lo que se acerca a la meta de cobertura propuesta.

El Minsal aspira a que anualmente uno de cada cuatro establecimientos cerrados del país sea evaluado,  debido a que la capacidad fiscalizadora no permite cubrir el 100%. “Pero cuando es uno de cada cuatro, hay una sensación en los establecimientos de que están siendo vigilados y así se ha establecido el modelo (de fiscalización), que ha funcionado”, dice Pizarro.

Según la Oficina de Control de Tabaco del Minsal, en 2013 se alcanzó el 24% del universo de locales cerrados a fiscalizar, mientras que en 2014 se llegó al 23%.

“No es necesario controlarlos a todos. Sabemos que cuando hay un fenómeno de  adhesión a la Ley, la fiscalización es para mantener  el respeto por los marcos normativos y los números de sanciones reales no son muchas, porque hay un cumplimiento”, complementa Celso Muñoz, jefe de la oficina.

En los dos años de vigencia de la Ley, el número de sumarios cursados  por infracciones llega a las 579, los cuales se denuncian y tramitan en los Juzgados de Policía Local respectivos.

DIVERGENCIA

Desde el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), la evaluación de la implementación de la Ley es “positiva”.

Lidia Amarales, directora de la entidad, dijo que “ha habido un impacto de las políticas públicas poblacionales. Las leyes de 2005 y 2013 ayudaron a disminuir el consumo de tabaco. En los jóvenes es la única droga, entre las lícitas e ilícitas, que ha tenido una disminución significativa”. 

Además, indica que la última Encuesta Nacional de Drogas de la Población Escolar, realizada en 2013, muestra una “disminución del consumo desde 2005, con una prevalencia día que bajó de 15,8% a 7,3% (del total de jóvenes analizados)”. 

Sin embargo, la baja en el número de fiscalizaciones preocupa a organizaciones como Chile Libre de Tabaco, que advierten que ésta se refleja especialmente en la vigilancia de los lugares de expendio de cajetillas.

“En los ambientes libres de tabaco creo que hay avances y no se está fumando en ambientes públicos, pero nos preocupan los puntos de venta, que son 28 mil a lo largo del país y donde, ante la falta de fiscalización, las tabacaleras están haciendo promoción. Eso es ilegal”, afirma Sonia Covarrubias, coordinadora de la entidad. Agrega que “sólo una mínima parte de las fiscalizaciones termina en sanción, porque la autoridad sanitaria no tiene esa facultad”.

Para resolver esto, el proyecto que busca introducir cambios a la Ley del Tabaco, que se discute en el Congreso, contempla la entrega de atribuciones a las Seremis de Salud para impartir sanciones y multas, ya que quedar “bajo los términos de los juzgados es complejo para el área salud. Lo más lógico es que como autoridad sanitaria hagamos el proceso completo”, dice Pizarro.

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