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Actualizado el 29/09/2017
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Rechazan solicitud del gobierno y comuneros seguirán en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Temuco resolvió en línea con lo manifestado por el Ministerio Público. En Santiago, representantes de los huelguistas se reunieron con el ministro del Interior y el presidente (s) de la Corte Suprema.

Rechazan solicitud del gobierno y comuneros seguirán en prisión preventiva
AgenciaUno

La mañana de este viernes el Juzgado de Garantía de Temuco resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva de los cuatro comuneros mapuche que se encuentran en huelga de hambre hace 115 días.

De esta manera, se rechazó la solicitud presentada por el gobierno y la defensa de los huelguistas, la cual buscaba que estos esperaran en sus domicilios el desarrollo del juicio oral en su contra, por su presunta responsabilidad en el ataque incendiario a un templo evangélico. Los imputados llevaban más de un año en prisión preventiva, desde que fueron formalizados en junio de 2016 por el delito de incendio con carácter terrorista.

En medio de la audiencia y como lo anunció el ministro del Interior, el abogado de la intendencia, Luis Valdebenito, adhirió a lo solicitado por las defensas de Alfredo Tralcal, Benito, Pablo y Ariel Trangol, y pidió arresto domiciliario total y arraigo nacional para los imputados.

Cabe precisar que esa posición que tomó el gobierno frente a la rebaja en las medidas marcó un punto divisorio en su relación con la Fiscalía, por cuento esta institución, rechazó la petición que hizo el Ejecutivo para que se aplicara una cautelar menos gravosa.

Tal como lo indicó el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, su convicción es que la medida que les corresponde a los imputados es la prisión preventiva, puesto que tienen los antecedentes para atribuirles su responsabilidad en los hechos. 

La aplicación de la Ley Antiterrorista que se contempla en este caso, es la que ha llevado a los comuneros a sostener la medida de presión que hoy los tiene en un delicado estado de salud. Piden que se retire el carácter terrorista del delito que se les imputa y que se les respete el debido proceso.

Producto de las condiciones en las que se encuentran, a la audiencia sólo acudieron Pablo y Ariel, quienes se mantuvieron en sus respectivas sillas de ruedas. Por su parte, Alfredo y Benito permanecen hospitalizados en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

En esta línea, es dable recordar que luego de que la audiencia de preparación del juicio oral en este caso fuera suspendida el miércoles pasado, tras la presentación de incidencias por parte de las defensas, esta se desarrollará el próximo 10 de octubre.

Encuentro con ministro Fernández y presidente (s) de la Corte Suprema

Durante la mañana de este viernes, además, el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica, recibió a abogados, representantes y familiares de los comuneros mapuches.

Desde la entidad informaron que en la cita –que había sido solicitada en el día de ayer y que se extendió por media hora- participaron Cristopher Corbalán, Pamela Nahuelcheo, Cristián Tralcal, Mauricio Vergara, (presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuches), Paola Castillo y Elizabeth Tralcal.

Posterior a ello, los representantes se reunieron con el ministro del Interior Mario Fernández, instancia en la que entregaron una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet.

En la misiva, le piden que los reciba de manera “urgente”, tanto por razones humanitarias como políticas y que interceda para que los comuneros sean juzgados por la comisión de un delito común y no terrorista.

Llamados a deponer la huelga

Este viernes y a través de un comunicado, la Conferencia Episcopal pidió a los comuneros deponer el ayuno y a que quienes tienen alguna responsabilidad, a buscar soluciones.

Los obispo pidieron “a todos quienes tienen alguna responsabilidad y participación en esta delicada situación implementar mecanismos y soluciones adecuadas que resguarden la vida de estas personas, buscando siempre verdad y la justicia a través de un debido proceso judicial”.

Asimismo, afirmaron que “la huelga de hambre hasta poner en riesgo la propia vida constituye una presión indebida sobre los órganos del Estado llamados a ejercer la justicia en el país”.

“Nos preocupa enormemente no sólo el progresivo y grave deterioro de su salud sino también la angustia de sus familias y de las comunidades a las que pertenecen, así como la violencia que se continúa generando en la Araucanía”, agregaron.

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