Caso Caval y acusaciones por gastos jurídicos

El fiscal a cargo del caso Caval ha aseverado -tanto en tribunales, como en entrevista con este medio- que Natalia Compagnon, la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet, le aseguró que los gastos de su primera defensa fueron costeados directamente por La Moneda, sin especificar mayores detalles. Según su versión de los hechos, apenas Compagnon tuvo conocimiento de ello, buscó restituir los fondos a la Presidencia, porque según ella misma le manifestó, no necesitaba de dicha ayuda (por lo demás, tampoco estaba conforme con la defensa jurídica que recibió entonces). Conforme la versión del persecutor, se buscó dejar por escrito dicho testimonio, pero la contraparte se negó a ello, de todo lo cual dio cuenta a sus superiores. El fiscal, en el interrogatorio que tuvo lugar durante el juicio oral, volvió a preguntar a Compagnon por el pago de sus abogados por parte de la Presidencia, pero ella señaló que no le constaba algo así.

La versión de Natalia Compagnon es, desde luego, diametralmente opuesta, pues asegura que ella ha pagado a sus abogados y acusa al fiscal de faltar a la verdad, no solo respecto de estos antecedentes, sino también en relación con otros aspectos de la causa.

No cabe duda de que esta disparidad de versiones resulta de especial gravedad, porque ambas no pueden ser correctas a la luz de los antecedentes que han trascendido. Que existan testimonios encontrados no es algo que deba resultar en sí mismo llamativo en un juicio; sin embargo, que tales diferencias surjan en relación con el papel que habría desempeñado la Presidencia de la República en el caso Caval -poniendo en entredicho la probidad e independencia del gobierno de entonces, en particular de sus máximas autoridades- es de suyo grave. Como contrapartida, también resultaría de especial gravedad que el Ministerio Público haga aseveraciones de tal magnitud que luego no tenga cómo sustentarlas.

Cualquiera sea la realidad, es obvio que ambas versiones no pueden ser correctas, y tratándose de acusaciones que comprometen a la propia Presidencia -también la credibilidad de la Fiscalía-, resulta indispensable que se despeje a la brevedad lo sucedido, porque la fe pública está aquí seriamente comprometida.