Los Lagos: diputados y concejales UDI presentan querella por traspasos a fundaciones

Un grupo de diputados y concejales de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentaron una querella en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt contra quienes resulten responsables de lo que, acusan, podría constituir motivos de delitos en el traspaso de recursos públicos a dos fundaciones en la Región de Los Lagos, situación que ya es parte de una investigación de oficio iniciada a fines de junio por la Fiscalía de esa región.

En específico, la acción respaldada por los diputados Fernando Bórquez y Daniel Lilayú, junto a los concejales Marcelo Salazar (Puerto Varas), Evelyn Brintrup (Llanquihue) y Yerco Rodriguez (Puerto Montt) buscan que la justicia aclare posibles irregularidades en traspasos de fondos a las fundaciones Participa y Kimün.

La querella -por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y tráfico de influencias- es respaldada por los por los abogados Carlos Oyarzún, Pablo Toloza y Teresita Santa Cruz, el equipo legal que dispusieron desde el gremialismo para investigar los casos relacionados con los líos de platas destapados con Democracia Viva en Antofagasta, y que hasta la fecha acumula 29 convenios del Estado con fundaciones declarados ilegales por Contraloría, por un monto superior a $13 mil millones.

Cabe recordar que el 28 de junio, la Fiscalía Regional de Los Lagos inició una investigación de oficio con la finalidad de conocer los antecedentes en torno a millonarios traspasos de fondo desde la Gobernación Regional, encabezada por Patricio Vallespín, a fundaciones privadas.

Esto, luego de que se revelara que, bajo la administración de Vallespín, durante 2022 se transfirieron $ 8.800 millones a organizaciones por convenios, y que el 46% de estos recursos fue entregado a tres entidades: Fundación Chinquihue, la cual es presidida por el mismo gobernador, con $ 1.628 millones; Fundación Participa, la cual se adjudicó $ 1.200 millones; y la Corporación Kimün, la cual recibió el mismo monto de dinero.

En la acción judicial presentada por los representantes gremialistas, se destacan tres convenios celebrados por la Fundación Participa: dos de ellos con la Subsecretaría de Prevención del Delito (con fechas 30 de octubre de 2017 y 4 de noviembre de 2022) y un tercero con el Gobierno Regional de Los Lagos, en abril de 2023.

Indica que los dos primeros convenios ascienden a cerca de 60 millones de pesos, y que el alcanzado con el Gore de Los Lagos, por saneamiento de títulos de dominio de familias vulnerables, alcanza un total de 1.200 millones de pesos.

En el texto, destacan que la Fundación Participa es presidida por Daniel Ibáñez, quien fue candidato a diputado por el PRO. “Lo último, se señala a propósito de antecedente toda vez que, tal como se acredita según información del Servicio de Impuestos Internos, la Fundación Participa inicia actividades el 31 de octubre de 2017 con giro genérico para fundación (N.C.P. no clasificado previamente). No obstante, el primer convenio celebrado tiene fecha de 30 de octubre de 2017, es decir un día antes que la Fundación de hecho iniciara actividades”, afirman.

Así, señalan que “se puede concluir que, al momento de haberse celebrado el convenio de transferencia de recursos con la Subsecretaría de Prevención del delito en 2017, la Fundación Participa aún no iniciaba actividades, lo cual llama a presumir que efectivamente no era idóneo para dicha adjudicación”.

Respecto del convenio celebrado con el Gore de Los Lagos, se indica que en junio de 2019 la Fundación Participa amplió su giro a “investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias”, y que, en mismo mes, pero de 2023, vuelve a ampliar su giro a “fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven actividades culturales”.

Así, la querella de la UDI indica que este nuevo giro se da meses después de celebrar el convenio con el Gore de Los Lagos y en momentos en que el Ministerio Público ya investigaba el caso de Democracia Viva.

Respecto de los hechos que conciernen a la Corporación Kimün, en la acción judicial de la UDI se destaca que esta inició actividades el 30 de diciembre de 2019, con el giro “fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven actividades culturales”, el que fue ampliado el 1 de diciembre de 2022 a “actividades de consultoría de gestión”.

“Lo anterior, conviene señalar también, se suma al contexto en el que se realizan dichas ampliaciones de giro, que se condicen con las celebraciones de los convenios que se indica son materia de investigación”, destaca la querella.

Finalmente, se resalta que “la gobernación regional de Los Lagos entregó $1.200 millones para la ejecución de un programa, a 24 meses, de saneamiento de la tenencia de propiedad de pequeños y medianos agricultores de la región. No obstante, según lo que informó el propio Gobernador Regional, Patricio Vallespín, se puso término anticipado al convenio debido a serios incumplimientos, después de solo 6 meses de vigencia”.