Sorpresa, decepción y un futuro incierto tras fallo de La Haya

El agente Claudio Grossman y los coagentes María Teresa Infante y Alfonso Silva comenzaron temprano su jornada en Holanda, a la espera del fallo. Durante la mañana llegaron al hotel los cinco abogados extranjeros (de un total de siete) que defendieron a Chile en el juicio, a quienes se les pidió fijarse en aspectos específicos de la sentencia.

La solicitud estaba fundada en la incertidumbre que había en el equipo chileno sobre el resultado y ante la posibilidad de que se tratara de una decisión compleja y difícil de entender rápidamente. "Puede pasar cualquier cosa", decían algunos, en privado, en la antesala del fallo, graficando ese probable escenario, que finalmente no pasó.

De hecho, la decisión de la corte fue una gran sorpresa para ambos países. "No podemos creer este fallo", decían en la delegación chilena, algunos de cuyos integrantes vislumbraban en los días previos que La Haya establecería una obligación de medios (es decir, de negociar), aunque sin fijar que eso debería conducir al otorgamiento de un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia. Y en un escenario más optimista, otros creían que, como mínimo, habría un llamado explícito del tribunal a retomar conversaciones con Bolivia. Sin embargo, ninguno de esos dos escenarios ocurrió.

En el equipo comentaban durante la tarde que la manera en la que el tribunal abordó la formación de un tratado entre dos países era clave. Lo calificaron como "un tratamiento racional" en el que se enfatizó -por parte de los jueces- en la necesidad de que ambas partes tengan la intención de "vincularse" mediante un mecanismo de ese tipo. Esto, en línea con la estrategia que había establecido Chile: exponer los acercamientos históricos entre ambos países, pero para demostrar que ninguno de ellos generó una obligación ni que ningún documento intercambiado en el pasado tenía las características de un tratado, a diferencia de lo que argumentaba Bolivia.

En ese sentido, además, agregaron que el resultado es una "reivindicación" de quienes han defendido un énfasis jurídico en el caso con Bolivia, frente a quienes han impulsado la tesis de que es necesario aplicar un enfoque más político y comunicacional, endureciendo la postura con el gobierno de Evo Morales (ver nota en página 14).

Ese diseño continuará en el otro litigio que tiene Chile con Bolivia: la demanda de nuestro país por el uso de las aguas del Silala, un caso mucho más técnico -por su naturaleza- que el de la hoy desechada obligación de negociar un acceso al mar.

Casi al finalizar la lectura del fallo, el juez somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf -presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya- planteó que el dictamen "no impide a las partes la continuación de su diálogo y sus intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para atender las cuestiones relacionadas con la mediterraneidad de Bolivia".

El comentario fue quizás la única señal positiva que recibió la delegación altiplánica en La Haya, luego de un fallo categórico que echó por tierra las ocho líneas argumentales planteadas por los altiplánicos. El guiño, sin embargo, no supone ninguna obligación y plantea más dudas que certezas respecto del futuro de la relación bilateral entre ambos países.

Aunque hubo autoridades bolivianas que salieron a subrayar la ventana abierta por el presidente de la corte, lo cierto es que los principales voceros altiplánicos -partiendo por el propio Evo Morales- más bien optaron por refrendar que la aspiración marítima se mantendrá vigente, y que se estudiarán nuevas fórmulas para emplazar a Chile en el concierto internacional.

En Santiago, en tanto, abundaron las palabras de buena crianza sobre la necesidad de recomponer los vínculos rotos con el país vecino. A la hora de trazar ese camino, sin embargo, quedó en evidencia que difícilmente ocurrirá en el corto plazo.

"Antes de pensar en cualquier nueva etapa, las heridas deben sanar y eso toma tiempo", sentenció el canciller Roberto Ampuero en entrevista con este diario (ver página 12). El Presidente Sebastián Piñera, en tanto, profundizó la noche de este lunes -en cadena nacional- en las condiciones que podrían viabilizar un diálogo con el gobierno de Evo Morales. "Si Bolivia insiste en desconocer los tratados internacionales vigentes, o el derecho internacional, o esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia, y sigue confundiendo aspiraciones con derechos, buena voluntad con obligaciones o prolongando sus infundadas pretensiones sobre territorio, mar o soberanía chilena, ese diálogo se vuelve imposible", sostuvo (ver página 11).

En el centro de esta discusión aparece la figura del mandatario boliviano, quien en paralelo a su permanente reivindicación marítima prepara una nueva candidatura presidencial. Aunque en el gobierno chileno hace sentido la afirmación del senador PPD Ricardo Lagos Weber -"Morales ya no es interlocutor válido", dijo-, saben que al menos estará en la Casa Grande del Pueblo hasta enero del 2020. Y que aunque la relación tenga más o menos intensidad, habrá que saber lidiar con su liderazgo hasta ese entonces.

Varios minutos tardó el gobierno de Evo Morales en reaccionar al fallo de la Corte internacional de Justicia de La Haya, que por amplia mayoría sentenció que no existía una obligación jurídica por parte de Chile de negociar una salida soberana al mar en favor de Bolivia.

El mandatario paceño aseguró en la capital holandesa que el fallo dejaba algunas puertas abiertas a Bolivia para insistir en su pedido a Chile para dialogar. Incluso reiteró que su país "no va a renunciar (a terminar) con su enclaustramiento". En los hechos, sin embargo, la sentencia desarmó por completo los ocho argumentos en los que Bolivia sustentó ante los jueces una supuesta obligación de negociar.

Los magistrados de la CIJ ya habían desestimado en 2015, en el fallo de la excepción preliminar, el argumento de que Bolivia tuviera un derecho prexistente a un territorio soberano en el Pacífico, un argumento que hasta el día de hoy siguen repitiendo algunas autoridades bolivianas.

Sin embargo, los jueces rechazaron, además, que Chile haya generado -ya sea en un momento determinado o por acumulación de todos los esfuerzos diplomáticos que se han llevado adelante los dos países- algún compromiso jurídico por otorgar un acceso soberano al mar. También demolieron la argumentación, tantas veces repetida por Bolivia, de que las resoluciones de la OEA entre 1979 y 1989 que recomendaban el diálogo, fueran vinculantes para los dos países.

Bolivia, tras el fallo de La Haya quedó a merced de la disposición de Chile de restablecer un diálogo. Por lo mismo, la sentencia generó frustración en los bolivianos y también molestia, la que estaba dirigida principalmente contra el gobierno de Morales, al que acusan de haber manipulado políticamente la demanda marítima, creando falsas expectativas en los bolivianos. Un factor que, además, es visto por analistas de ese país como un duro golpe a las aspiraciones del mandatario de presentarse a una nueva reelección.

Dirigentes políticos y ex diplomáticos reclamaron al gobierno establecer una nuevo tipo de entendimiento con Chile, aunque en La Paz saben que, en esta ocasión, la pelota está en cancha contraria.