La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar el recurso de amparo que presentó el ex gerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, que buscaba declarar ilegal su detención en Perú.

El ejecutivo no asistió a la audiencia de formalización que estaba programada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el día 3 de abril, y presentó un certificado médico en el que se señalaba que debía realizar reposo y aislamiento durante siete días en Lima.

La sentencia contó con el voto del ministro Alejandro Aguilar, quien estuvo por acoger la presente acción constitucional, por cuanto, en su concepto, para que una orden de detención sea válida, conforme fue expedida, según dispone el artículo 127 inciso 1° del Código Procesal Penal, en primer término, debe ser absolutamente indispensable para asegurar la realización de los fines del procedimiento debiendo sólo estar vigente mientras subsistiere la necesidad de su aplicación”, consignó la resolución.

Coeymans está bajo la lupa del Ministerio Público que tiene ahora previsto formalizarlo el próximo 10 de mayo por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y “blanqueo de capitales”, cometidos entre enero de 2019 y junio de 2023, además de espionaje informático y acceso ilícito a sistemas informáticos.

En su fallo el tribunal de alzada concluyó que la magistrada Mariana Leyton del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que dictó la orden de detención actuó “dentro del ámbito de su competencia y observando estrictamente las formalidades legales”.

También consignó que “el Ministerio Público contaba con el imperativo legal de realizar la de realizar la formalización de la investigación por los delitos de estafa, asociación ilícita y otros, a los cuales la ley asigna pena de crimen, lo que supone cumplimiento efectivo” de Francisco Coeymans.

Asimismo, destacó que la jueza no cometió el “más mínimo vicio de ilegalidad y menos arbitrariedad” en su orden de detención. También sostuvo que la defensa del acusado no puede sostayar que su cliente no se presentó a la audiencia de formalización, por lo que la asistencia judicial del imputado puede “verse demorada o dificultada”.

Además, el fallo cuestionó la validez del certificado médico que presentó Coeymans para afirmar que estaba diagnosticado con Covid. “El documento “no se encuentra avalado, ni menos corroborado por el respectivo PCR u otro antecedente al efecto, que diera cuenta del contagio clínico y efectivo de la referida enfermedad viral”.

A lo anterior se suma que a Coeymans, previo a la audiencia del 3 de abril se le buscó en su domicilio de Lo Barnechea y, sin embargo, el 28 de febrero del presente año 2024, se certificó que no vivía en ese lugar.

Según el tribunal, Coeymans “no había comparecido a actuaciones judiciales anteriores y había cancelado su pasaje de regreso al territorio nacional desde Perú”. El imputado “registra pasajes con destino internacional para el mes de mayo del presente año 2024″, concluyó el fallo.

Este caso comenzó en marzo de 2023, cuando Primus Capital realizó un arqueo aleatorio de cheques, en línea con su plan anual de auditoría. En aquella ocasión, el auditor interno de la compañía detectó la existencia de 123 cheques presuntamente falsos, valorizados en $5.600 millones, por lo que el directorio decidió suspender de sus funciones a Coeymans y Amenábar.

El 17 de abril, ambos se autodespidieron y la compañía solicitó una revisión externa e independiente a un perito en documentología de los documentos, Luego contrató los servicios de la auditora internacional KPMG para elaborar un informe de auditoría forense; un análisis de los hechos identificados por el directorio de la compañía en su cartera vigente de colocaciones de factoring, y otros servicios financieros, tanto de sus clientes, operaciones y responsabilidades.

Según la denuncia penal, con “el informe forense preliminar de KPMG, se ha podido descubrir un esquema defraudatorio que tiene como cabecillas al ex director ejecutivo Francisco José Coeymans y el ex director comercial Ignacio Amenábar, con la intervención de otros autores y cómplices, en perjuicio de la compañía”.

A la fecha, el presunto fraude es investigado por el fiscal de la Fiscalía Oriente Metropolitana, Felipe Sepúlveda. Esto, luego que la empresa presentara una denuncia por los delitos de estafa, apropiación indebida, administración infiel, falsedad y lavado de activos. “Actualmente la compañía, a través de sus accionistas, ha debido ingresar fondos por poco más de US$ 120 millones para enfrentar los efectos negativos del esquema defraudatorio del que ha sido víctima”, acotó la demanda.

En los próximos días, la defensa del ex ejecutivo del segundo factoring no bancario más relevante de la plaza, acusado por la millonaria estafa, podría apelar y elevar el caso a la Sala Penal de la Corte Suprema. Coeymans es asesorado por los abogados Mario Vargas y Manuel Guerra.