Las empresas estadounidenses se benefician de una prórroga parcial del acuerdo sobre el impuesto mínimo mundial

WASHINGTON- Las empresas con sede en EE.UU. se han beneficiado de dos partes del acuerdo sobre el impuesto mínimo global, y los cambios retrasarán o reducirán los impuestos que deben pagar a los países extranjeros.

En virtud del acuerdo actualizado negociado por el Departamento del Tesoro, las empresas dispondrán de un año más -hasta 2026- antes de que los países extranjeros puedan empezar a imponer nuevos impuestos a cualquier empresa estadounidense que se considere que paga muy pocos impuestos en EE.UU. Y los créditos fiscales para energías limpias que constituyen el núcleo de la Ley de Reducción de la Inflación del año pasado se contabilizarán de una forma más favorable de lo que algunas empresas temían, lo que ofrece seguridad a medida que se pone en marcha un mercado de negociación de créditos fiscales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que lidera las conversaciones, detalló los cambios el lunes en una guía técnica tras las negociaciones entre los países.

Estados Unidos y otras 140 jurisdicciones acordaron a finales de 2021 imponer un impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas en cada país en el que operen. Los negociadores, incluida la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aclamaron el acuerdo como un logro histórico en la cooperación internacional y un baluarte contra la evasión fiscal de las empresas.

Pero su aplicación ha sido lenta y complicada.

El impuesto mínimo del 15% debe calcularse de forma coherente en todos los países y empresas, lo que exige definiciones claras de ingresos e impuestos. Esto ha dado lugar a una serie de normas técnicas, incluida la actualización de 91 páginas del lunes.

Algunos países -Japón, Corea del Sur y miembros de la Unión Europea- están aplicando impuestos mínimos en virtud del acuerdo, pero Estados Unidos no. Tras negociar el acuerdo, el gobierno de Biden no pudo aprobar los cambios el año pasado en el Congreso, controlado por los demócratas. Los republicanos, que ahora dirigen la Cámara, se oponen al acuerdo, calificándolo de rendición fiscal global.

Estados Unidos tiene un impuesto mínimo del 10,5% sobre los ingresos extranjeros de las empresas estadounidenses que se creó en 2017 y un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios globales de las grandes empresas que se promulgó el año pasado. Sin embargo, ninguno de los dos se ajusta al acuerdo global. Así que, mientras la Ocde perfila las normas, EE. UU. ha buscado formas de hacer que el sistema del país se ajuste al marco internacional.

“EE.UU. no ha hecho nada para adoptar estas normas y, sin embargo, está claro que todavía pueden ejercer cierta influencia sobre la forma en que estas normas se están ajustando para adaptarse a las consideraciones de EE.UU.”, dijo Daniel Bunn, presidente de la Tax Foundation, un grupo de Washington que está a favor de tipos impositivos más bajos y un sistema fiscal más simple.

Si otros países se adelantan y Estados Unidos no lo hace, el país podría perder US$ 122.000 millones en ingresos durante una década en comparación con una aplicación menos generalizada, según el Comité Conjunto de Impuestos, que no es partidista.

Parte de las orientaciones del lunes se refieren a una disposición prevista para 2025 denominada “regla de beneficios no gravados” (Undertaxed Profits Rule, UTPR). La UTPR es una forma de asegurarse de que las empresas con sede en países fuera del acuerdo sigan teniendo que pagar el 15%.

En virtud de la UTPR, un país extranjero puede examinar el tipo impositivo de una empresa en cada país y, si no es del 15%, cobrarle más impuestos. Por ejemplo, Francia podría ver que una empresa tecnológica estadounidense paga un tipo del 10% en Estados Unidos y exigirle que pague más en Francia. La orientación del lunes retrasa esa norma hasta 2026 en los países en los que el tipo impositivo sea al menos del 20%. El tipo del impuesto de sociedades en EE.UU. es del 21%; el retraso da tiempo al Congreso para abordar esta cuestión con otras disposiciones fiscales que expiran en 2025.

“Tenía sentido crear un puerto seguro para dar tiempo a adaptarse a jurisdicciones con procesos legislativos diferentes”, comentó Manal Corwin, que dirige el proyecto fiscal de la Ocde.

Los republicanos del Congreso se oponen al acuerdo global por considerarlo una cesión de la base imponible estadounidense y advierten de que los impuestos subirán para las empresas estadounidenses, y que el dinero irá a parar a países extranjeros. Los principales republicanos de los comités de redacción fiscal del Congreso afirmaron el lunes que la UTPR sigue siendo inviable y advirtieron de que crea incentivos para que las empresas desplacen sus inversiones al extranjero.

“Si otros países avanzan para atacar los puestos de trabajo y los ingresos fiscales de EE.UU. a través de la UTPR, el Congreso se verá obligado a buscar medidas correctivas adicionales para proteger los intereses estadounidenses”, señalaron el representante Jason Smith (republicano, de Missouri) y el senador Mike Crapo (republicano, de Idaho).

La segunda decisión importante del lunes afecta al tratamiento de los créditos fiscales. Según las normas de la Ocde, los créditos fiscales ordinarios -como el crédito fiscal a la investigación- se tratan como reducciones fiscales. Por tanto, una empresa que utilice este incentivo podría reducir su tipo por debajo del mínimo del 15%. De este modo, podría perder efectivamente el beneficio del crédito fiscal porque pagaría impuestos más altos a otros países como resultado de tener un tipo impositivo bajo en Estados Unidos.

Los legisladores estadounidenses se han opuesto, argumentando que el acuerdo socava la capacidad del Congreso para ofrecer incentivos fiscales. La orientación del lunes no cambia lo que ocurre con los créditos de investigación. Pero reconoce la necesidad de responder al tamaño y la escala de los créditos fiscales IRA, que tienen un valor de cientos de miles de millones de dólares y pueden ser vendidos por los promotores de energías renovables sin responsabilidad fiscal, a las empresas que buscan exenciones fiscales.

Ese mercado -en el que las grandes empresas probablemente comprarán créditos fiscales por entre 90 y 95 céntimos de dólar- no ha hecho más que empezar. La actualización del acuerdo establece normas para todos los créditos fiscales negociables, incluidos los créditos IRA. Para esos compradores, los créditos estadounidenses probablemente se tratarán de modo que sólo el beneficio neto -la diferencia entre el crédito fiscal y el precio de compra- se considere una rebaja fiscal.

Esto dará más confianza a las empresas que consideren la posibilidad de comprar los créditos, garantizando que puedan utilizarlos sin que sus tipos impositivos sean demasiado bajos y se disparen los impuestos extranjeros.

El Departamento del Tesoro ha acogido con satisfacción las orientaciones y ha afirmado que los créditos transferibles de la IRA se tratarán como créditos reembolsables, que las empresas pueden convertir en efectivo.

“Esta directriz deja claro que la compra de créditos transferibles no suele desencadenar la norma de aplicación del impuesto mínimo global, como tampoco lo hará el desarrollo de estos proyectos ecológicos”, aseguró Itai Grinberg, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, que fue uno de los principales negociadores fiscales de la Administración en 2021.

Incluso con las nuevas normas, algunas empresas que construyen proyectos que generan grandes créditos fiscales IRA se encontrarán por debajo del 15% y, por tanto, sujetas a impuestos extranjeros que anulan los beneficios, dijo Pat Brown, de la firma de contabilidad PwC.

“La certidumbre es muy bienvenida”, sostuvo Brown. “El resultado es positivo, pero no llega a ser un home run (jonrón)”, agregó.