Columna de Max Colodro: Recodificaciones

Entre otras cosas, la política ha sido siempre una disputa por la significación y el sentido de los fenómenos sociales. Quién logra establecer las interpretaciones dominantes y quién no tiene la capacidad de contrarrestarlas. Qué intereses se expresan en una retórica pública y cuáles son neutralizados por ella, es parte de la naturaleza misma de los fenómenos políticos, más aun en tiempos donde los medios de comunicación y las redes sociales son los principales gestores de la realidad.

El estallido social iniciado el 18 de octubre ha dejado ya una larga estela de interpretaciones sobre sus causas, su origen y consecuencias. La discusión sobre la legitimidad de sus formas de expresión ha sido uno de los ejes de la controversia pública, particularmente la que se refiere a su dimensión violenta y destructiva. No ha sido fácil constatar victorias y derrotas en este ámbito, debido a que ellas también están atadas a las interpretaciones en juego.

Pero hay al menos una victoria reconocible en estos meses: la que se asocia a la instalación mediática del proceso constituyente por parte de la centroizquierda. En una vorágine de emociones diversas –rabia, rechazo, malestar, esperanza- y de múltiples causas asociadas –abusos, desigualdad, malos tratos, incertidumbre- la centroizquierda tuvo el notable acierto de establecer una codificación hegemónica en lo que estaba sucediendo: el problema de fondo, se dijo, la línea de base de todas las tensiones visibilizadas por la crisis, es la Constitución. A pesar de las modificaciones realizadas al texto en los últimos treinta años, los déficits de legitimidad siguen existiendo; a pesar del último gran esfuerzo realizado en el gobierno de Ricardo Lagos (que puso fin a los principales "enclaves autoritarios"), la herencia de la dictadura sigue intacta, al menos, en lo referente a las normas que suturan el modelo económico.

El acierto comunicacional fue inobjetable: desde el inicio de la crisis el cambio constitucional se tomó la agenda y pasó a ser una de sus reivindicaciones centrales. A mediados de noviembre, cuando el país era incendiado por los cuatro costados, el gobierno y el oficialismo fueron obligados a abrir las puertas a un proceso constituyente, un acuerdo que implicaba un plebiscito de entrada, una convención constitucional mixta o totalmente electa por los ciudadanos, y un plebiscito ratificatorio. Con entusiasmo o carente de él, la mayoría de la centroderecha –incluido el gobierno- debieron dejar sus convicciones de lado, para integrarse a un compromiso que iba a contramano de todo lo planteado por el sector desde el retorno a la democracia.

Era esperable, entonces, que un segmento relevante de la derecha tuviera escaso compromiso con esta iniciativa, es decir, con una imposición realizada en condiciones de extrema violencia y que incluía abrir un camino de entendimiento para reducirla y neutralizarla, algo que en los hechos no ha ocurrido. En las calles sigue la destrucción de bienes públicos y privados, y sectores de oposición que firmaron el acuerdo continúan avalando, contextualizando o minimizando la gravedad de las acciones violentas.

Esta semana, marcada por el eficaz sabotaje a la PSU, importantes actores de derecha han confirmado un estratégico punto de inflexión: el inicio de un esfuerzo político destinado a recodificar el plebiscito del 26 de abril. Lo que se intenta es que deje de ser un pronunciamiento sobre una eventual nueva Constitución, y se transforme en un juicio ciudadano sobre la violencia y los problemas de orden público.

La apuesta es simple: hoy las encuestas confirman un amplio respaldo a la opción Apruebo en el plebiscito de abril. Pero quedan aún largos tres meses por delante, en los cuales, de mantenerse los actuales niveles de violencia (o si se incrementan a partir de marzo), la alternativa del rechazo podría terminar siendo un gran catalizador del miedo, la angustia y el descontento con el clima de destrucción y de violencia que impera en el país.

La decisión de sumarse al Rechazo de casi todos los senadores de RN; el estado de "reflexión" que han iniciado varios parlamentarios de Evópoli; la creciente desafección que la alternativa Apruebo está generando incluso en personeros de la ex Concertación, serían señales claras de que, violencia y destrucción mediante, este camino tiene más de alguna viabilidad.