Por José Miguel Rodríguez, presidente AcreditAcción Latinoamérica
La nueva ley de educación superior (21.091) promulgada a fines de mayo de 2018 daba plazo hasta el 01 de enero de 2020 para que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) publicara los nuevos criterios de acreditación institucional. Ante la incapacidad del organismo acreditador estatal, una nueva ley (21.186), publicada en noviembre de 2019, extendió este plazo hasta el 30 de septiembre de 2020. Sin embargo, hace unos días, la CNA anunció que postergará de forma indefinida la publicación y (por añadidura) entrada en vigor de estos nuevos estándares de acreditación.
Si se tratara de un organismo privado, seguramente seríamos testigos de sendos reportajes denunciando esta situación y de acusaciones de políticos y líderes de opinión. Posiblemente el organismo ya habría sido sancionado. Nada de esto ha pasado. No hay reportajes sobre el tema, no hay sanciones, no hay rendición de cuentas al respecto y tampoco hay responsables. ¡No pasa nada!
Han sido dos años perdidos para el sistema. Dos años en que, en vez de avanzar, todo indica que el país ha retrocedido en materia de acreditación universitaria. Recién hace escasos dos meses se nombró al nuevo secretario ejecutivo del organismo, con un retraso de más de un año respecto de lo que indicaba la ley. Adicionalmente, y a pesar de que la nueva autoridad ya tomó posesión del cargo, la anterior secretaria ejecutiva sigue vinculada al organismo, ahora en calidad de “asesora de apoyo técnico”. Algo por lo menos extraño.
En lo único que se han visto avances es en la cantidad de funcionarios. Ya suman más de 60 los funcionarios de planta en la CNA. En la época de la CNAP (organismo antecesor de la CNA), el trabajo era ejecutado por solo 14 personas. Alguien podrá decir que en ese entonces la CNAP tenía menos carga de trabajo que el actual organismo acreditador, pero mientras en la CNA el personal se ha multiplicado más de cuatro veces respecto de la CNAP, la productividad no ha visto tal avance.
La suspensión de la acreditación voluntaria de carreras (y eliminación de las agencias privadas), junto con dejar a un enorme número de carreras no acreditadas en los últimos dos años (con el consecuente perjuicio para postulantes, estudiantes y egresados), le entregó a la CNA la exclusividad en materia de acreditación en el país, aumentando sus atribuciones y también su presupuesto anual (casi 5.000 millones de pesos el 2019, a lo que hay que sumar varios miles de millones adicionales en cobros de los aranceles de acreditación a las universidades). Lamentablemente, este organismo no ha estado a la altura del desafío, ni de sus obligaciones.
Para finalizar, un dato revelador: acaba de finalizar la Asamblea Anual de la RIACES (Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior). Este año, la reunión fue virtual e incluyó la participación de las más importantes agencias de acreditación de Iberoamérica, con representantes de España, México, Colombia, Perú, Paraguay, entre otros países. La CNA no participó, como tampoco lo hizo en la reunión de 2019, como tampoco estuvo presente en el 2018.
Alguna vez nuestro país fue líder en América Latina en materia de acreditación universitaria. Diversos países miraban hacia Chile al momento de implementar sus propios sistemas de acreditación. Hoy estamos muy lejos de aquella época.
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