El nuevo procedimiento para elaborar una Constitución Política de la República es sin dudas una gran oportunidad. Como país, tendremos la oportunidad de concretar el anhelado deseo de una Carta Fundamental gestada en democracia. Para los partidos políticos es una nueva oportunidad de acercarse a la ciudadanía y, derivado de la obligatoriedad del voto, toda una oportunidad de sumar nuevo poder de representación en las urnas.
Sin embargo, para las organizaciones de la sociedad civil se ha vuelto un dolor de cabeza.
En un acuerdo político que entregó el nuevo proceso constituyente al Congreso Nacional, generando un sistema altamente regulado, son pocos los espacios que algunos ven para la implementación de mecanismos de participación ciudadana. Peor aún, no se contemplan dichos mecanismos en la sala de maquinas del proceso, la Comisión Experta, órgano encargado de generar un anteproyecto de Carta Fundamental.
Las audiencias públicas e iniciativa popular de norma vendrán con el trabajo del Consejo Constitucional. Por tanto, la participación tendrá una tentación irresistible a transformarse en un mero mecanismo corrector de aquello realizado por la Comisión Experta, alejándose del debate sobre derechos, principios y valores que deseamos incorporar a una Carta Fundamental para que nos represente como sociedad moderna.
Si antes el problema fue que la propuesta no nos unió, ahora corremos el riesgo de que no nos represente. Pero aún estamos a tiempo de solucionarlo. La participación ciudadana se debe reconocer trasversalmente y en cada instancia del nuevo proceso Constituyente como un derecho base y una dimensión fundamental para otorgar legitimidad. Se trata de valorar e incluir los saberes de personas y organizaciones de la sociedad civil que nutren la función política transformándola en una representación real. Las urnas son esenciales, pero la democracia es mucho más que eso.
La Comisión Experta, desde el momento de su instalación, debe exponer a Chile su cronograma de escucha y mecanismos de participación ciudadana. Siendo realista con sus acotados tiempos, pero generando espacios para que las organizaciones sin fines de lucro muestren sus trabajos, para que los pueblos indígenas y las culturas se hagan presente, para que, al fin de cuentas, las diversidades que componen la nación tengan cabida en una casa de todas y todos.
Por su parte la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile deben constituir una secretaria técnica que enriquezca el proceso no sólo desde la academia, sino también con la creación de una mesa de trabajo que incluya a la sociedad civil organizada. Las sinergias para transparentar información, canalizar propuestas, sistematizar y generar nuevos mecanismos de vinculación con la ciudadanía serán un aspecto clave en lograr un texto que sea abrazado por las mayorías y respetado por las minorías.
No debemos olvidar que, al inicio de la Convención Constitucional, el resultado obtenido en el Plebiscito del 4 de septiembre de 2022 muchos lo vieron como imposible. El éxito en el plebiscito nacional constitucional a celebrarse el 17 de diciembre de 2023 se construye desde ahora.
Por Álvaro Castañón, director de Incidencia en Fundación Multitudes
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