Las instituciones son el resultado de pautar interacciones sociales, enmarcándolas en un espectro previsible. Su funcionalidad se pone a prueba, sobre todo, en contextos de álgidas crisis, las que producen incertidumbres generalizadas. Por ello resulta interesante notar cómo sociedades vecinas elaboran instituciones políticas para salir de situaciones límite, al punto de establecer ciertas costumbres socorridas en emergencias.
En los últimos años, Chile, Ecuador y Perú han transitado crisis políticas y sociales similares, estallidos destituyentes. Sus élites políticas han tratado de resolverlas de maneras distintas, empleando las tradiciones institucionales a mano (plebiscitos en Chile), innovando formalmente a partir de la experiencia (la “muerte cruzada” en Ecuador), o simplemente apelando a hábitos perversos (el “cierre del Congreso” como acto reflejo de los mandatarios peruanos).
En Chile se ha criticado a sus instituciones políticas, aunque en perspectiva comparada se aprecia su valor. En primer lugar, su comunidad política apela a la convocatoria ciudadana -referéndums- cuando su democracia representativa desfallece -ya sea por autoritarismo dictatorial o crisis de representación. En segundo lugar, la facilidad con la que la clase política construye coaliciones, resulta una salida notable para superar la pululación de partidos “callampa” y la hiperfragmentación, grandes estresores de otros sistemas partidarios. Como será de institucionalista el país que, al menos por ahora, su versión de derecha más extrema es, quizás, la única de su especie que reconoce con prontitud que ha perdido una elección (ni Trump, ni Bolsonaro, ni Fujimori lo han hecho así). Chile tiene problemas, sin dudas, pero tiene mayor capacidad de resistencia institucional que sus vecinos.
En 2008, Ecuador instituyó en su Carta Magna la posibilidad de una destitución simultánea de Ejecutivo y Legislativo, en caso de “conmoción nacional”. Este instrumento puede ser empleado por iniciativa de cualquiera de los dos poderes involucrados y constituye una carta para lidiar con legislativos obstruccionistas y presidentes autoritarios. Las crisis presidenciales ecuatorianas tienen un origen estructural, tanto en las tensiones de mayorías indígenas excluidas y movilizadas, como en un sistema dolarizado (sin capacidad de maniobra local). Ante este fatalismo, por primera vez en 15 años se pone a prueba la “muerte cruzada” que, de conducir a una transición sin sobresaltos, resultaría un ejemplo a evaluar en contextos de agudo desequilibrio entre poderes, como en Perú.
En Perú, precisamente las caídas presidenciales no se deben a factores estructurales (su economía es a prueba de conmociones sociales), sino a la vocación de sus actores políticos, por el cortoplacismo. En el reino de la informalidad y ante el fracaso de reformólogos poco talentosos, mandatarios en apuros echan mano de la disolución congresal -golpista y arbitraria, la mayoría de veces-, una rutina sustentada en una opinión pública desafecta, no en la ley. Son “salidas” tan inmediatistas, que agudizan aún más la incertidumbre política y socavan la legitimidad democrática. Así, en este continuo institucional presentado, Chile sigue siendo el extremo más virtuoso.
Por Carlos Meléndez, académico UDP y COES
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.