Columna de Cristián Piera: ¿Cómo vamos a proteger a los pacientes?

Ante los grandes cambios que -sin lugar a duda- vivirá el sistema de salud, hay un aspecto que no se ha abordado con la debida profundidad: ¿cómo afectarán estas modificaciones a los pacientes?

Hay dos situaciones del contexto actual en las que salta a la vista la apremiante necesidad de contar con una agenda pública “paciente-céntrica”.

La primera de ellas es la discusión sobre el modelo de salud para nuestro país. El debate se ha centrado hasta ahora en el resultado final, es decir, en el modelo al que queremos arribar. Por supuesto es importante definir para dónde vamos -y aunque como prestador privado no compartamos del todo la propuesta- nuestra responsabilidad nos obliga a preguntarnos cómo lo vamos a hacer y -ante todo- cómo evitamos afectar a las personas en este proceso.

En primer lugar, es imprescindible que haya un plazo razonable de transición para implementar el nuevo Sistema Nacional de Salud, dada la complejidad de un cambio de esta envergadura. Los plazos fijados en las normas transitorias de la propuesta de Constitución podrían ser demasiado ajustados para consensuar un plan que contemple las muchas implicancias que este cambio puede tener para los pacientes.

Un segundo tema en el cual el paciente parece olvidado se relaciona con la actual situación de las Isapres. No es una novedad que estas instituciones probablemente dejen de existir tal como las conocemos ahora. Pero una serie de factores pueden precipitar ese fin y algunas de ellas podrían eventualmente entrar en insolvencia en el corto plazo.  Es un problema inminente y por eso uno de los más urgente.

De acuerdo con la legislación vigente, los afiliados afectados deberán migrar a Fonasa o a otra aseguradora que los acepte. Suena fácil, pero no lo es: las personas sanas encontrarán otra Isapre, pero aquellas de mayor edad y especialmente las afectadas por patologías graves que requieren continuidad en las terapias para no afectar su pronóstico, como puede ser un cáncer, deberán pasar al sistema público.

Sin embargo, hoy los hospitales enfrentan una presión asistencial que objetivamente no son capaces de afrontar. Las listas de espera crecen en el sector público a niveles históricos: ya son 2 millones de consultas de especialidad, 360 mil cirugías y 63 mil garantías GES atrasadas, de las cuales 11 mil corresponden a cáncer.

¿Qué pasará entonces, por ejemplo, con aquellos pacientes que tienen un tratamiento en curso si su Isapre cae en insolvencia y deban migrar al sistema público? ¿Podrán los hospitales seguir con las terapias en las mismas condiciones y oportunidad en que estaban siendo tratados en el sistema privado?

Más allá de los debates políticos y las posturas de los distintos actores, los desafíos en cada uno de los futuros escenarios exigen poner a las personas en el centro de la preocupación. Todos debemos actuar con la mayor responsabilidad, pero este es un problema que necesita una ruta clara de cara al país, y una transición planificada y responsable, sin prejuicios hacia un sistema u otro y que -ante todo- no deje en el camino a los pacientes.

* El autor es gerente general de Clínica Alemana de Santiago