Columna de Daniela Sugg y Dino Sepúlveda: La Ley Ricarte Soto necesita una actualización

La gran reforma de salud del año 2005 trajo consigo la implementación de un sistema de garantías explícitas, mejorando significativamente la cobertura y equidad en relación con las necesidades de la población. Aunque se reconoce que esta política pública mejoró los resultados en salud de la población en general, quedaron insatisfechas muchas necesidades debido a su bajo impacto sanitario a nivel poblacional.

La respuesta institucional del legislador para cubrir algunas de estas necesidades fue la Ley Ricarte Soto (LRS) de 2015, centrada particularmente en intervenciones de alto costo, que generó un sistema de financiamiento y proceso de decisiones independiente del resto de los procesos de la cartera sanitaria. Diversos actores sociales y políticos han planteado la necesidad de aumentar el financiamiento del Fondo, o bien que sea absorbido por el régimen GES. Al respecto, es importante señalar algunas consideraciones técnicas que deben contemplarse en el debate.

En primer lugar, antes de decidir sumar mayores recursos al Fondo de la LRS, se debe evaluar si esta ha cumplido con los objetivos sanitarios y de cobertura planteados en su formulación, y si es el camino-sistema que queremos como país para brindar este tipo de protección financiera.

En tanto, la fragmentación de las coberturas no es deseable para los sistemas sanitarios: genera ineficiencia procedimental dentro de la administración del Estado, lo que a su vez crea inequidades en acceso y cobertura para las personas. Así, muchos países optan por un sistema único, que se actualice constantemente a través de procesos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Etesa) para todo el sistema. Sin embargo, varios de los mismos países han debido generar herramientas para cubrir medicamentos de alto costo, huérfanos u oncológicos, cuyos precios exceden por mucho los habituales que tenían los sistemas de salud hace 10 años.

Adicionalmente, debe considerarse que la institucionalidad vigente no permite avanzar en un mayor diálogo y negociación con la industria. Para generar nuevos espacios fiscales, es necesario avanzar en un nuevo marco de diálogo colaborativo entre agentes públicos y privados, y abrirse a la aplicación de nuevos mecanismos de compra que contribuyan tanto al control del gasto como al acceso a la innovación.

Finalmente, los registros de información siguen siendo deficientes para tomar las mejores decisiones. El sistema de información de LRS fue un avance en la trazabilidad financiera a nivel de pacientes, pero no es estándar en el sector. Una ampliación del financiamiento requerirá también registros que permitan medir los resultados en salud de las intervenciones cubiertas.

La LRS permitió dar respuesta a necesidades sentidas por parte de la población: ofreció una solución a 48.051 personas (dato acumulado a marzo 2023) y avanzó notablemente en la implementación de Etesa en Chile. Sin embargo, su uso para la asignación de recursos en otros fondos y sistemas de cobertura es aún limitado.

Con todos los avances que se observan posterior a la implementación de la LRS, es necesario su actualización en términos no solo financieros, sino también procedimentales, mejorando sus sistemas de información (financiero y clínicos), y los controles que se pueden realizar por medio de comités de expertos. A su vez, es prioritario avanzar en una armonización de los sistemas de cobertura, generando puentes de comunicación, en la planificación financiera de los mismos, y en la ampliación del empleo de Etesa para la toma de decisiones en salud.

Por Daniela Sugg, académica Universidad Diego Portales, y Dino Sepúlveda, investigador ICIM - Universidad del Desarrollo