A 11 años de la incorporación del postnatal parental, menos del 1% de las madres traspasa parte del postnatal a los padres, reforzándose una vez más que los hombres son unos invitados en la crianza de sus hijos.
El 17 de octubre de 2011 se publicó la ley 20.545 que modificó el Sistema de Protección a la Maternidad incorporando el permiso postnatal parental (PPP) constituyéndose entonces como uno de los avances más importantes respecto a la normativa laboral en favor de la parentalidad de la región. Esta ley establecía un permiso parental de 12 semanas a continuación del periodo de postnatal de la mujer que podría ser compartido con el padre.
Con esta extensión del postnatal, se buscaba –entre otros– incentivar la corresponsabilidad en el cuidado y la crianza de los hijos para una mayor conciliación entre las responsabilidades familiares y laborales de hombres y mujeres. Sin embargo, según los últimos datos de la Superintendencia de Seguridad Social, desde su implementación solo se han traspasado el 0,23% del total de subsidios.
Múltiples son las razones que explicarían el escaso uso de este permiso en padres; entre ellas los factores culturales y sociales que han dificultado un cambio de paradigma expresado principalmente en los roles de género al interior de las familias (hombre proveedor y madre cuidadora) han sido trascendentales a la hora de comprender este orden social y de género. No obstante, es en el mismo diseño de la política pública donde residen las grandes causas de esta alarmante cifra. A lo largo del reciente estudio publicado por IdeaPaís titulado “Perspectivas y Desafíos del Postnatal Masculino en Chile” se distinguen tres nudos del diseño del postnatal parental –en base a la experiencia internacional– que desincentivarían el traspaso de semanas de postnatal a los padres, y que da luces sobre cómo mejorar el actual Sistema de Protección a la Maternidad (en el intertanto se podría cambiar el actual nombre por uno que no descarte de plano la paternidad). Ellos son la intransferibilidad o titularidad de la licencia, el tope al subsidio mensual y la extensión y flexibilidad del permiso.
Sin embargo, a modo general, uno de los principales problemas que se encuentra al revisar políticas de conciliación es que en la mayoría de los países –incluido Chile– estas se refieren casi en su totalidad a los “derechos de las mujeres” y casi nunca a los derechos y deberes de los hombres. Esto refuerza –mediante legislación y políticas públicas– por un lado, la doble función de las mujeres (de madre y trabajadora) y la idea de que el padre es un invitado en la crianza y que su involucramiento viene en directo beneficio solo de la madre.
En efecto, una mayor participación y compromiso de los hombres alivia la sobrecarga de las mujeres, pero postular que la corresponsabilidad en el cuidado favorece exclusivamente a las madres es una visión exigua y errónea de los beneficios que trae aparejada la parentalidad y los vínculos familiares. Ciertamente la paternidad presente y responsable influye de manera positiva no solo en los hijos, sino también en los padres. Pero en la práctica las mujeres siguen siendo las principales responsables y los hombres no se han incorporado a las tareas de cuidado como la realidad social lo amerita.
Comprender e incentivar la corresponsabilidad de manera holística, donde el padre tenga el deber de involucrarse en el trabajo de cuidados y en consecuencia el derecho de dedicar tiempo exclusivo a ello –y no apenas cinco días–, implica dejar de lado la lógica de que los hombres son invitados en la vida de sus hijos y que ejercen el rol de paternidad de manera voluntaria. Y a su vez exige que todos los actores (Estado, empresas, sociedad civil) –en un trabajo colaborativo– generen (o mejoren) políticas que incentiven una participación equitativa entre hombres y mujeres en el mundo de los cuidados.
Por Emilia García, investigadora de políticas públicas de IdeaPaís
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