Columna de Gonzalo Said: “Seguridad: elemento clave para el desarrollo”

Las sucesivas discusiones sobre políticas públicas logran que, al menos en el debate, los problemas de seguridad pasen a segundo plano. Sin embargo, las dificultades que enfrentan las familias y las empresas asociadas al aumento de la delincuencia siguen estando muy presentes y es un flagelo que se mantiene como la principal preocupación de las personas en la mayoría de los sondeos de opinión.

El aumento de la delincuencia es evidente y ha tenido efectos profundos en la vida de las personas en extensas zonas de nuestro país. Al primer semestre de este año los robos con violencia registraron un salto de 13% en relación con el mismo lapso del año anterior y, de acuerdo con los registros policiales, se cometieron 419 homicidios en este periodo. Es lamentable constatar que no solo han aumentado la cantidad de robos y otros delitos, sino que además se percibe un incremento en la agresividad de los delincuentes y, por lo tanto, un alza en la sensación de desprotección de la ciudadanía.

Esto, lamentablemente, crea externalidades negativas. No solo afecta las rutinas de las personas en su día a día y aumenta los costos de las empresas, la inseguridad tiene efectos negativos sobre la capacidad de crecer de un país. Junto con la certeza jurídica y la competitividad en materia tributaria, el poder desarrollar un negocio en ambientes donde impera el Estado de Derecho y donde existe un bajo riesgo a perder la inversión producto de actos delictivos, son elementos habilitantes para el crecimiento y para permitir a las empresas liberar su capacidad creativa y empujar el carro del desarrollo.

El delito tiene efectos económicos en al menos tres sentidos. Es un factor que disuade a la inversión, tal como lo hemos visto en la Región de La Araucanía o en algunas comunas de la Región Metropolitana. Además, reduce la productividad, porque crea obstáculos a la toma de decisiones y a la ejecución de diversos procesos. En tercer lugar, el delito aumenta los costos de las empresas que deben financiar sistemas de seguridad más robustos o porque deben considerar las mermas asociadas al delito en sus estados de resultados.

Es preocupante constatar que, en Chile, lejos de controlar el problema, hemos retrocedido en materia de seguridad. Zonas extensas del país son controladas por el narcotráfico o bandas de alto nivel organizativo. El comercio informal campea en las grandes ciudades de nuestro país, detrás del cual existen verdaderas mafias que ocupan territorios y crean mercados alternativos donde ninguna regulación los alcanza.

Todo lo anterior ha tenido efectos severos en materia de inversión en el sector forestal, transporte, retail, por nombrar algunos de los más relevantes. El retomar el control en materia de seguridad requiere de medidas concretas y gran voluntad política. Por ejemplo, es esencial que el costo de delinquir sea lo suficientemente alto -porque las penas son elevadas y efectivas- para que opere como el mejor disuasivo. Es fundamental seguir mejorando el actuar y la coordinación policial y fortalecer el sistema de justicia penal, todo lo cual permite agilizar los procesos y desalentar el delito.

* El autor es empresario.