Por Guido Girardi, ex senador.
Hace pocos días la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos advirtieron que se avecina una crisis alimentaria generalizada debido a que los efectos de la crisis climática, el impacto del Covid-19, la inestabilidad económica y la invasión a Ucrania arrastrarán a la pobreza a millones de personas en todo el planeta
Alertan que, si bien las naciones desarrolladas no sufrirán el nivel de hambre de los países africanos, asiáticos y de Haití, el aumento del precio de los alimentos y el alza de las tasas de interés para frenar la inflación golpearán las familias vulnerables de todo el orbe.
La inseguridad alimentaria severa, pasar 24 horas sin comer, es hambre. Pero también es muy preocupante la inseguridad alimentaria moderada: cuando se deben sacrificar otras necesidades básicas para acceder a alimentos baratos. La mayoría de ellos ultra procesados, altos en grasas saturadas, azúcar y sal que satisfacen las urgencias calóricas y energéticas, pero que conducen a la malnutrición y obesidad.
La industria de enfermedad y muerte de alimentos ultraprocesados o comida basura, que vende barato el riesgo de hipertensión, diabetes y cánceres, está en el mejor de los escenarios. Las familias se encuentran amenazadas y las políticas públicas no dan la respuesta adecuada.
Recientemente Joao Intini, oficial de Políticas y Sistemas Alimentarios de la FAO, se refirió a la inseguridad alimentaria en Chile a raíz de la sostenida alza de los precios de la canasta básica: “el desequilibrio se aceleró con los efectos de la pandemia sobre la economía (…) cerca de 600 mil personas padecen hambre y 3,4 millones enfrentan incertidumbre alimentaria”, lo que significa alimentación de mala calidad. (Mostrador, 2022).
En su análisis de junio del precio de los alimentos, la FAO estimó el alza anual en un 23% (FAO, 2022). El Banco Mundial, en tanto, sostuvo que este ítem supera la inflación general y advierte que la guerra en Ucrania alteró los patrones mundiales de comercio, producción y consumo, por lo que el precio de los alimentos seguirá en niveles históricamente altos hasta fines de 2024, exacerbando la inseguridad alimentaria y la inflación (World Bank, 2022).
Sin embargo, todo indica que, incluso sin guerra, la situación seguirá agravándose. Al alza actual de los fertilizantes se suma el hecho que se generan de combustibles fósiles, cuyo uso el planeta debe abandonar, con el consecuente impacto en la producción agrícola. Adicionalmente, la escasez hídrica y los eventos climáticos extremos continuarán agudizándose, lo que involucra deterioros adicionales a la producción de alimentos.
La prestigiosa publicación científica The Lancet cuestionó que la OMS no haya tomado cartas en el asunto en su última Asamblea General de fines de mayo, pese a que la malnutrición severa -por exceso o déficit- es un síntoma visible de sociedades disfuncionalmente desiguales y el impacto sobre la infancia de hoy se sentirá por décadas (Lancet, 2022).
En Chile, donde una botella de aceite puede ser más cara que una de pisco, el Senado impulsó un Comité para la Seguridad y la Soberanía Alimentaria, lo que se suma a la preocupación permanente del Congreso Futuro y del mundo científico por la generación de Sistemas Alimentarios Saludables y Sustentables. En tanto, el Gobierno estableció un complemento del Subsidio Único Familiar para paliar el alza de la canasta básica (CNN, 2022).
Un estudio del Ministerio de Salud -realizado con apoyo de Cepal y OMS- advirtió que casi un tercio de la población chilena no puede costear una alimentación saludable porque es un 30% más cara que la canasta básica (Herrera, 2016). Adicionalmente, sólo un 15% de la población consumía las cinco porciones diarias de frutas y verduras que se requieren para una nutrición adecuada (Minsal, 2017).
Una reciente investigación de la Universidad de la Frontera mostró un agudo empeoramiento de hábitos saludables durante la pandemia: el 58,7% de las mujeres redujo la actividad física y el 38% aumentó de peso; el 30% de la muestra informó consumo diario de alcohol y un 62,9% ingiere comida chatarra 1 o 2 veces a la semana (Palacios, 2020).
En un escenario mundial de inflación persistente es imprescindible evitar que los alimentos ultraprocesados sean -aún más- el pilar principal del menú familiar, porque eso llevará a patologías que impactan las finanzas públicas de un país ya sobrecargado de enfermedades no transmisibles (que por la publicidad son las más transmisibles de todas) derivadas, justamente, de la mala nutrición y la obesidad.
Hemos insistido reiteradamente en la necesidad de una Tarjeta Verde y hoy es más urgente que nunca: las familias vulnerables deben recibir una transferencia en dinero del Estado en una tarjeta tipo Bip, que permita acceder sólo a alimentos saludables (frutas y verduras, principalmente) en negocios autorizados y en las ferias libres, produciendo así un encadenamiento productivo con la agricultura familiar campesina. La disminución del gasto público, al evitar tener que curar enfermedades, compensa esta política, que contribuye a la salud, a la alimentación saludable y con alto impacto social en apoyo al mundo rural. Es urgente igualar el acceso a una alimentación saludable que hoy sólo es posible para quienes tienen mayores ingresos.
Adicionalmente, es inaceptable que se bote comida en buen estado a la basura en un país en el que existe hambre. El Gobierno debe ponerle urgencia al proyecto de ley, que se encuentra entrampado en la Cámara y ya aprobado por el Senado, que busca evitar el desperdicio de alimentos -en particular de frutas y verduras- que están en buen estado, pero que por rotulado o causas menores, son desechadas por las cadenas de distribución. Proponemos un moderno sistema de donaciones para asegurar que esos productos fundamentales lleguen donde se necesitan, permitiendo que juntas de vecinos, clubes deportivos y diversos tipos de organizaciones accedan a ellos.
En momentos en que tantas variables escapan a nuestro control, debemos avanzar con fuerza en las medidas protectoras que tenemos a la mano. El Chile del futuro no nos perdonará si hoy aceptamos pasivamente condenar a niñas, niños y adolescentes a una vida plagada de enfermedades derivadas de la mala nutrición.
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