Llega marzo y se reinicia la discusión, ahora en la Cámara de Diputados, de la Ley “corta” de Isapres. Este proyecto, ya aprobado en el Senado, busca fortalecer Fonasa y dar cierta estabilidad al sistema privado de salud, según el decir de un sector del oficialismo.
Se busca con esta ley dar cumplimiento a los tres fallos de la Corte Suprema respecto a las aseguradoras privadas: la adecuación del precio base, un ajuste de la prima GES de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Salud, y el uso de una tabla de factores única con efecto desde abril de 2020. Las dos primeras sentencias están de hecho ya ejecutoriadas, quedando pendiente qué monto y de qué manera se debe restituir el exceso de cobros por la corrección de la mencionada Tabla, cifras que según la oportunidad fueron estimadas en 1.400, 450 o 1.000 millones de dólares. Independiente de que en la tramitación en la Cámara Alta se autorizó una mutualización o solidaridad retroactiva para el cálculo de esta deuda, rebajándola, la probabilidad que ello se apruebe por los diputados es modesta, requiriéndose entonces una comisión mixta para resolver la controversia, sin olvidar el recurso de inconstitucionalidad presentado para impedir precisamente esta mutualización (y declarado admisible ayer por el TC). Otro aspecto de esta materia es la propuesta del gobierno que da un plazo de hasta 10 años para la devolución de estos pagos, que tomarían la forma de una cuenta de excedentes. El plazo dado por la Corte para materializar esta devolución vence el próximo 12 de mayo, y el Ejecutivo ha manifestado la idea de no solicitar una nueva extensión. Como se ha sugerido, es probable que no haya ley antes de esa fecha.
Un antecedente de interés, es que a pesar de que la Corte definió que la Tabla de Factores debía ser modificada para exceptuar de un cobro adicional a las cargas menores de dos años, se aprobó mediante la ley de reajuste un cambio a este criterio, autorizando traspasar el mayor costo de los menores al precio base. Es decir, mediante una ley presentada por el gobierno, se revirtió de hecho, una sentencia judicial, lo que no ha generado controversia alguna.
También la ley corta da atribuciones a Fonasa para licitar directamente seguros complementarios de salud, a pagar por los propios afiliados, por sobre el 7% de cotización obligatoria. No resulta comprensible por qué las Isapres no pueden tener también la posibilidad de licitar este tipo de seguros, que cubren ya a más de 9 millones de personas, como una forma de optimizar su eficiencia y disminuir los costos de administración, en el entendido que por la vía de contratos han convenido niveles progresivos de atención con redes extensas de centros médicos y clínicas.
Las consecuencias de una reforma radical del sistema de salud, impulsado sin la adecuada gestión legislativa, han sido ampliamente documentadas, y están a la vista con listas de espera que solo crecen. El gobierno ha sido prudente al señalar que esta tarea no está al alcance del actual período legislativo. Es prudente alinear a todos los actores entonces.
Por Jaime Mañalich, médico
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