Hace cinco años, las autoridades de Ciudad del Cabo fijaron el 22 de abril de 2018 como el momento en que se quedarían definitivamente sin agua. Lo denominaron “Día Cero”, y una fuerte campaña de concientización, gestión y restricciones les permitió superar lo peor de la crisis.
¿Podríamos fijar un Día Cero para Santiago? Hace justo un año hicimos la misma pregunta, dada la tensión generada por más de 14 años de disminución de precipitaciones y sequía en gran parte del Chile. La sugerencia de replicar la experiencia sudafricana no pretendía ser catastrofista, sino verla como una oportunidad para presionar más el acelerador en las medidas simultáneas y multidimensionales que se deben adoptar para que un ejercicio retórico no se transforme en algo real.
El Atlas de Riesgo Climático proyecta que al menos 180 comunas entre Atacama y Aysén aumentarán hasta en un 40% la frecuencia de sequías en sus territorios. Nueva infraestructura, plantas desaladoras, concientización de la población, medidas de táctica urbana, gestión del uso del agua y paisajismo, y el tratamiento de aguas residuales, son algunas de las acciones que hace tiempo sabemos se deben profundizar de manera apremiante. La pregunta es si todo ello está ocurriendo con la coordinación y sentido de urgencia necesarios para un país tan golpeado por el calentamiento global.
Veamos lo avanzado. Desde 2022 varios municipios vienen impulsando una mesa de trabajo por la crisis hídrica. El gobierno regional metropolitano anuncio 5 proyectos en esa línea, y generó un protocolo relacionado con el racionamiento y cortes rotativos de agua potable cuando se alcance la “alerta roja”. Al menos 30 comunas han implementado estrategias hídricas locales con la participación de 300 empresas. Diversos actores públicos y privados, ONGs, establecimientos educacionales, entre otros, han adoptado diversas acciones para aportar en esta emergencia.
Si bien ha habido avances en la escala media, aún nos falta muchísimo en ámbitos de gestión, gobernanza y de políticas públicas a nivel macro. Por ello resulta incomprensible que, habiendo pasado casi 5 años desde que se promulgó la Ley de Recolección, Reutilización y Disposición de Aguas Grises, aún no se dicte el reglamento que la hará operativa. ¿Qué tenemos que seguir esperando si ya sabemos que cerca del 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas?
Cómo no vamos a ser capaces de generar criterios nacionales de riego en áreas verdes, sabiendo que podemos ahorrar hasta un 30% de agua sólo si se deja de regar en horarios de más calor. Cómo no concordar cambios tarifarios, cuando sabemos que el promedio de consumo diario por persona en Chile es de unos 170 litros, muy superior al estándar internacional de 100 litros.
Como en tantos de nuestros problemas estructurales, lamentablemente estos temas suelen visibilizarse sólo en vísperas de nuevas crisis (o cuando ya estamos insertos en ellas). Este otoño ya se anuncia seco luego de un verano tremendamente caluroso. Los diagnósticos están claros, pero las soluciones son complejas no tanto por su creatividad, sino porque son de largo aliento e implican recursos y convicción más allá de los ciclos políticos. Quizás no resulte tan descabellado entonces mirar la experiencia sudafricana y autoimponernos una fecha fatal si no hacemos cambios de fondo en nuestras políticas públicas y en nuestros comportamientos como ciudadanos. Este tipo de señal pueden darnos una causa común que nos obligue a no aflojar el pie del acelerador, para evitar que ese día se convierta en una realidad.
Por Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades.
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