Adecuar la regulación de la competencia para promover mercados justos y competitivos es parte fundamental de una estrategia de transformación digital nacional.
Decisiones regulatorias correctas permiten crear condiciones apropiadas para la existencia de mercados sanos y competitivos, entre las que se encuentran fomentar el despliegue, convergencia y la compartición de la infraestructura digital, intensificar la inversión y el crecimiento de las redes móviles y fijas; bajar las barreras de entrada y potenciar un ecosistema con varios proveedores; aumentar disponibilidad de espectro radioeléctrico y de bandas de frecuencias para acceder a servicios fijos y móviles que permitan proporcionar múltiples, diferentes y simultáneos usos a diversos usuarios finales.
El diseño institucional de la política digital debe reconocer esta realidad y, para ello, dado el carácter transversal y multipropósito de las tecnologías digitales, su gobernanza también genera desafíos en el ámbito institucional, ya que son diversos los niveles del Estado que tienen responsabilidades vinculadas a la transformación digital y sus efectos económicos y sociales.
Para ello es preciso ajustar la visión que tiene el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) como parte de esta gobernanza ante las nuevas dinámicas de los modelos de negocios habilitados para la transformación digital del país y que potencien el desarrollo de un ecosistema tecnológico de innovación, sostenible y sustentable.
El intenso y acelerado proceso de digitalización genera tensiones en diversos ámbitos normativos y regulatorios, que obliga a abordar temas emergentes cuya novedad constituye un desafío en sí mismo.
Así, el país requiere, por un lado, una Subtel como un regulador fuerte que haga pleno uso de sus facultades, y que pueda desplegar su agenda regulatoria y normativa, y un TDLC que salga de su aproximación análoga y comprenda su rol de órgano de competencia en pro de la promoción de un entorno habilitante que acelere la transformación digital mediante inversiones, emprendimientos y la utilización de soluciones digitales neutrales.
Hasta hoy, la ruta de la adopción de 5G en Chile ya tiene 1.586.523 usuarios, que sigamos en esa dirección y que ampliemos los actores y servicios provistos sobre esas frecuencias, implica incorporar más competencia y ensanchar con ello los servicios y prestaciones a los ciudadanos, y que las facultades del regulador no estén en discusión para administrar el espectro radioeléctrico, viabilizar la adición de prestaciones móviles a los concesionarios y sostener los principios de convergencia y neutralidad de servicios.
En definitiva, la gobernanza digital debe plasmar la visión común del país sobre el desarrollo digital, y donde el TDLC tiene su papel, para ello es preciso contar con espacios de coordinación intergubernamental y establecer las responsabilidades que tienen los organismos pertinentes en cada una de sus respectivas áreas.
Por Rodrigo Ramírez, ex subsecretario de Telecomunicaciones
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