La publicación por parte del SHOA del gráfico ilustrativo de los espacios marítimos bajo jurisdicción chilena en el Pacífico y el Mar Austral en agosto, no solo posee la virtud de ilustrar nuestros espacios de Zona Económica Exclusiva y plataforma continental, sino que, en cuanto al sur más extremo, resignifica la atención del Estado sobre una enorme región que constituye, tal vez y de cara a las próximas décadas, el polo más desafiante para Chile. Las incertidumbres derivadas de la crisis climática nos obligan mirar hacia el sur, en especial hacia la Antártica, en la cual siguen concentrándose las ambiciones geoeconómicas de diversas potencias.
Sin embargo, mientras a través del SHOA el Estado avanzaba en la singularización de los territorios de soberanía nacional, el senador por Magallanes Alejandro Kusanovic dejaba constancia del estancamiento en que se encuentra el Estatuto Antártico de Chile (Ley 21255/2020), diseñado tras un largo trabajo de priorización de objetivos y de adecuación de la legislación al Sistema del Tratado Antártico y otros instrumentos vigentes.
Se trata de un inquietante síntoma en materia de prioridades que afecta a nuestra política exterior pues, en este caso, los reglamentos del Estatuto Antártico debieron estar vigentes a más tardar en marzo de 2023. No obstante, aún no han sido dictados, lo cual no solo constata una infracción legal, sino que afecta sensiblemente la implementación de la Política Nacional Antártica que, conforme con la ley, está destinada a fortalecer los derechos antárticos.
Esta demora podría leerse como un acto de vacilación por parte de Chile, es decir, una señal negativa que puede afectar la credibilidad del país en los debates antárticos que se avecinan. Prepararnos para enfrentar peligros derivados de la posible fractura del consenso antártico es parte del eje central que inspira a dicho Estatuto, pensado, justamente, para robustecer nuestras capacidades de control político sobre la Antártica Chilena.
Asimismo, son conocidas las dificultades sorteadas para dar estatus constitucional a nuestra Antártica en el proceso constitucional, asunto resistido por el oficialismo. Finalmente, la decisión de todo el espectro político desautorizó esa resistencia que, pareciera, es la misma que posterga la aplicación del Estatuto Antártico.
En relación con la defensa del territorio (especialmente las zonas extremas), existe la impresión de que los problemas de política exterior responden a la pugna entre dos visiones muy distintas respecto de cómo Chile debe encarar su propia territorialidad. La defensa de la soberanía no implica romper con el multilateralismo como método de negociación, pero es imprescindible avanzar hacia un nuevo equilibrio, abandonando miradas ancladas en el pasado.
Es de esperar que la ausencia de reglamentos de la Ley Antártica se supere y que, con visión de largo plazo, los responsables cumplan con la ley.
Por Teodoro Ribera, rector de la U. Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores
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