Condena del Grupo de Lima a Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asumirá mañana su segundo mandato, marcado, además, por el inicio de la tercera década del chavismo en el poder. Y lo hará no solo tras unas elecciones abiertamente fraudulentas, que carecieron de toda garantía democrática, sino en medio de un creciente aislamiento internacional, que quedó de manifiesto con la dura declaración de 13 de los 14 países miembros del Grupo de Lima -entre ellos Chile-, el viernes pasado. Un documento donde no solo se reitera que "el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad", sino que se plantea con claridad el carácter ilegítimo del nuevo período presidencial y se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, y transferirle, en forma provisional, el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional, hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.

Maduro asumirá el nuevo período en un país sumido en la peor crisis política, económica y social de su historia, con una inflación de 2.000.000%, una economía que cayó 18% en 2018 y una población forzada a abandonar su país a causa del desabastecimiento y la crisis humanitaria. Según Naciones Unidas, en los últimos cinco años, más de tres millones de personas han dejado Venezuela y se prevé que la cifra supere los cinco millones durante 2019. Un escenario que es producto de las falencias del régimen, que no solo se ha negado a reconocer sus propias incapacidades -culpando de la crisis a un supuesto complot internacional-, sino que además insiste en perseverar en un discurso equivocado, endureciendo la represión y negando cualquier espacio de diálogo que permita abrir la puerta a una salida pacífica a la situación actual.

Al margen de la lamentable ausencia de México de la firma del texto final del Grupo de Lima, aduciendo su decisión de "no interferir en la política interna" de los países, la declaración acordada el viernes es la más dura que ha elaborado esa instancia desde su creación. Contempla, entre otras medidas, reevaluar el estado de las relaciones diplomáticas con Venezuela e impedir el ingreso a altos funcionarios del régimen, además de restringir eventuales préstamos. Un hecho que da cuenta del creciente consenso internacional que existe ante la crítica situación que vive el país sudamericano. La ruptura del orden constitucional y la emergencia humanitaria hace aún más urgente endurecer la presión contra un régimen antidemocrático, que ha copado todos los espacios de poder en el país, limitando además las libertades individuales.

Como señala la declaración del Grupo de Lima, únicamente "a través del pleno restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y del respeto de los derechos humanos se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa" Venezuela. Por ello, es fundamental ahora sumar los consensos necesarios para avanzar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA y mantener la creciente presión de la comunidad internacional contra Venezuela.