Caso GIFF: detectan 103 emisores y 4.900 receptores de facturas electrónicas falsas en nuevo fraude tributario

A las 19.30 de este lunes se dio inicio a la comisión investigadora de la Operación Tributos de la Cámara de Diputados, respecto al mayor caso de fraude fiscal en la historia del país, que significó un perjuicio al Estado por cerca de $240 mil millones.

La investigación, iniciada en el año 2019 por delitos tributarios, lavado de activos, delitos aduaneros, asociación ilícita, porte ilegal de armas y municiones, que comenzaron a perpetrarse cuatro años antes, indaga a 55 empresarios de distintas regiones que obtuvieron beneficio fiscal con base en facturas falsas, caso que actualmente está en proceso y del cual ya ha habido detenidos, formalizaciones y algunos imputados han quedado en prisión preventiva.

Precisamente, la cita de este lunes tenía como objetivo escuchar las exposiciones del director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, y del fiscal nacional Ángel Valencia, quien por segunda vez se excusó de asistir a la instancia, siendo representado en esta ocasión por el director de la unidad especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos, Mauricio Fernández.

En la sesión anterior, a fines de abril, la exdirectora regional metropolitana del SII, Silvia León, dio a conocer en la misma comisión que ella personalmente había denunciado en diciembre de 2017, ante sus superiores, la existencia de una red de contribuyentes que estaba defraudando al Fisco, a partir de alertas levantadas por el propio equipo de fiscalización a su cargo. A la funcionaria se le solicitó la renuncia, durante la administración del exdirector del servicio Fernando Barraza.

En razón de aquello, Frigolett inició su intervención advirtiendo sobre un nuevo caso presuntamente delictual, aclarando que las referencias reveladas por León “no están vinculadas al caso Megafraude Tributario”.

“La comisión se constituyó en relación con el caso penal denominado ‘Megafraude Tributario’, no obstante, el motivo de la presente citación tiene por objeto exponer sobre otro caso de delitos tributarios, el cual se ha identificado penalmente como el ‘Caso GIFF’”, comenzó diciendo.

El titular del SII develó que esta nueva arista tiene que ver con la creación de sociedades de papel y omisión masiva de documentación tributaria falsa, causa que se tramita actualmente en la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, y está a cargo la fiscal Ximena Chong.

Todo inició en noviembre de 2017, producto de una revisión efectuada por parte de la Dirección Regional Centro del SII, donde se informa sobre la situación de dos contribuyentes identificados como David Cartes Pulgar y Kevin Pérez Cartes, ambos familiares, quienes son representantes legales de diversas sociedades que presentan características irregulares similares.

Al respecto, Frigolett describe que “tenían bajo, casi nulo, entero de impuestos en los periodos revisados, registraban domicilios en oficinas virtuales, presentaban indicios de no haber estado desarrollando efectivamente su actividad económica”.

A partir de lo anterior, el SII realizó una búsqueda de contribuyentes con patrones de comportamiento similar, detectándose 103 contribuyentes con características de ser emisores de facturas electrónicas falsas.

Asociado a eso, Frigolett indicó que hay un conjunto de acciones que se fueron desarrollando, como por ejemplo, en noviembre de 2017 la Dirección Regional Centro detectó una red de facilitación de facturas falsas, denominándolo en ese momento como el Caso GIFF.

Un mes después, la misma institución habría remitido un correo a la dirección nacional del SII informando la detección del caso.

En enero de 2018 se inició la recopilación de antecedentes y se iniciaron reuniones de coordinación, en las cuales se dio a conocer de la existencia de un universo de 4.900 contribuyentes eventualmente receptores y 103 emisores, determinándose criterios, relevancia y prioridad de los casos detectados.

Tras lo anterior, se remitió a las direcciones regionales del SII un listado de los contribuyentes eventualmente vinculados en la red de facilitación de facturas falsas.

En los dos primeros meses de 2018, se ingresaron anotaciones preventivas a 484 empresas receptoras de facturas, las que presentaban características tales como por ejemplo no mantener instalaciones para la actividad o giro, o que su capital no coincide con las operaciones efectuadas, entre otras.

Al mismo tiempo, se tomaron declaraciones juradas a los representantes legales de aproximadamente cien empresas, con el fin de indagar los hechos.

Posterior a una serie de gestiones realizadas, Frigolett detalló que se definió avanzar con procedimientos de ejercicio de acción sancionatorias, respecto de 38 contribuyentes, de los cuales diez fueron recopilados por el Departamento de Delitos Tributarios y otros 28 se derivaron a diversas direcciones regionales.

Trascurrido casi un año, el 24 de diciembre de 2018, el SII interpuso una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de los receptores recopilados por el Departamento de Delitos Tributarios.

Asimismo, se presentó otra acción penal similar, esta vez ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de facilitadores y receptores de facturas falsas, causa que hasta entonces comprende 18 ampliaciones de querella que han sido presentadas entre los años 2019 y 2023, lo que conlleva a que existan actualmente 55 personas naturales querelladas en calidad de representantes legales y administradores de hecho de distintas sociedades.

Pese a que indicó que este caso se encuentra actualmente aún en etapa de investigación desformalizada, ratificó que en diciembre de 2023 sostuvo una reunión con la fiscal a cargo, Ximena Chong, y otros abogados de la Fiscalía Nacional, a quienes se les solicitó formalizar la investigación.

Conocida la información, el director de la unidad especializada en Delitos Económicos, Mauricio Fernández, en representación de Ángel Valencia, comunicó en la instancia que a raíz de este nuevo caso, el fiscal nacional remitió los antecedentes al fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, quien abrió de oficio una “investigación sobre esta materia”.

Aseguró además que la denuncia que proporcionó la funcionaria del SII en la sesión anterior respecto a estos ilícitos, y que fue remitida al Ministerio Público hace dos semanas junto con la citación a la comisión de este lunes, estaba “incompleta en términos de la información que hoy tenemos después de esta sesión”.

“Como acá se alude mucho a correos internos del SII, nosotros no sabíamos qué había denunciado específicamente y ahora, a esa denuncia y a esa investigación que se ha abierto vamos a agregar todos los antecedentes expuestos en esta sesión, porque hay antecedentes que nosotros asumíamos que decían relación con omisiones o con aparente información que no se tradujo en denuncias, en el contexto de esta comisión investigadora, que es el Megafraude, pero acabamos de enterarnos en esta sesión que no se refiere al Megafraude que lleva la Fiscalía Regional Occidente, sino que se refiere a otra investigación y a otros investigados con la causa GIFF”, planteó.

Las palabras del representante del ente persecutor causaron cierta incomodidad en algunos de los parlamentarios que integran la comisión, específicamente de la presidenta de la instancia, diputada Camila Musante (IND), quien en conversación con La Tercera reprochó que la Fiscalía no haya realizado acciones concretas tras la denuncia efectuada por la exdirectora regional metropolitana del SII, Silvia León.

“Nosotros enviamos una copia de la declaración de la exfuncionaria del Servicio de Impuestos Internos acompañando a la citación. Entonces, nadie puede alegar que no sabía de lo que se iba a tratar en esta comisión (…) Él dijo como un poco menos que no había tenido tiempo a prepararse, y esto fue citado hace dos semanas”, acusó.

Respecto a los nuevos hechos expuestos por el director del SII, la legisladora criticó que no se tomaran los “resguardos necesarios” que los propios funcionarios habían alertado, evocando la propuesta de haber generado un bloqueo preventivo de emisión de facturas electrónicas, con el fin de evitar el fraude.

En este tenor, sostuvo que “(Hernán) Frigolett no dio ninguna respuesta concreta, y no solamente yo fui dura, fue duro también el diputado (socialista Marcos) Ilabaca, hasta el diputado (republicano Agustín) Romero, que también entró en pedir respuestas más concretas, porque el SII se paró frente a toda la comisión en la primera sesión, diciendo poco menos que estaba todo bien”.

“Ahora surgen estos antecedentes y dicen que es otro caso, pero también, de nuevo, el mismo relato, está todo bien. Entonces, ¿no hay protocolos que haya que cambiar? ¿está bien que no se haya hecho caso al bloqueo preventivo de la emisión de facturas? En este momento pueden estar levantándose 20 megafraudes y el SII no anunció ni un cambio en cómo están funcionando hasta el momento”, sentenció.

Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS) sugirió, en la comisión, que “existe una serie de antecedentes que darían luces respecto de una serie de negligencias que se cometieron por parte del SII”, refiriéndose al periodo durante la administración de Barraza, anterior a la de Frigolett.

“No es posible que existiendo hechos que podrían configurar algún tipo de irregularidad o ilegalidad, ya desde el año 2015, y no solamente producto de los fiscalizadores que veían el modus operandi día a día de lo que estaba ocurriendo (...) Existían tantos datos como para llevar a cabo algún tipo de acción concreta para evitar este tremendo fraude que estamos viviendo y el SII de esa época no hizo nada”, recriminó.