El Ministerio de Economía anunció recientemente la implementación de un observatorio de precios para monitorear la canasta básica de alimentos, como respuesta al fuerte aumento inflacionario que vive el país. La plataforma, que será implementada por dicha cartera y el Sernac, busca entregar información semanal sobre los productos de alimentación básicos de las familias, los que recogerá periódicamente de las cadenas de supermercados nacionales y regionales. El gobierno explicó que los consumidores podrán navegar por un mapa que les mostrará el valor más barato y promedio de diferentes grupos de productos en los locales de comercio disponibles en todas las comunas del país.
Pese a las intenciones loables, el instrumento escogido genera dudas razonables. En primer lugar, pese a que es destacable la preocupación de las autoridades por el fuerte incremento de los precios que vive el país, concentrarse en herramientas de utilidad incierta esconde el problema de fondo que dio origen en parte a la alta inflación que experimenta la economía: el exceso de gasto.
Es importante señalar que los precios en las góndolas de supermercados -sector en el que participa SMU, empresa que pertenece al mismo grupo que edita La Tercera- responden a múltiples factores. Además de los asociados al producto en sí, hay variables que responden a la ubicación del establecimiento, los servicios complementarios, si la venta es presencial o en línea, además del manejo de stocks de cada cadena. Tampoco queda claro la especificidad en la recopilación de información. Algunos supermercados trabajan con marcas propias, otros realizan descuentos a líneas de productos en días específicos o salas que se concentran en la venta al por mayor. Existen, además, diferencias en los proveedores que pueden estar condicionadas por su ubicación geográfica o por su poder de compra.
La pregunta de fondo es si vale la pena destinar recursos públicos permanentes a una medida que puede tener gran atractivo comunicacional, pero que puede terminar siendo inefectiva para los consumidores. Instrumentos como estos pueden ser confusos y derivar en medidas que terminen por afectar el mercado, más que favoreciéndolo. Por ejemplo, si se encuentran diferencias considerables de precios -soslayando los múltiples factores que inciden en la conformación de estos- la autoridad podría equívocamente determinar que hay proveedores que están cobrando más a sus clientes. En cambio, si los precios son muy similares, podrían atribuírselos equivocadamente a una conducta de colusión.
Los consumidores toman decisiones informadas todos los días y hoy tienen múltiples herramientas para comparar precios, calidades y servicios asociados. Es innecesario que el gobierno destine recursos a implementar plataformas de dudosa efectividad y que pueden resultar confusas. En cambio, es imprescindible profundizar el compromiso fiscal de gasto responsable y acotado, así como potenciar el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica, entre otras medidas. Son este tipo de acciones las que tienen mayor capacidad de incidencia en el nivel de precios a los que acceden los consumidores.
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