Debate sobre empresas y productividad

Resulta curioso que Chile Vamos, que obtuvo una victoria contundente para una candidatura presidencial presentada como el dique a los extravíos del igualitarismo y como protección al potencial de crecimiento y generación de empleo del país, pueda creer que le beneficia políticamente competir con la propuesta de acortamiento de la jornada laboral a 40 horas, liderada por dos diputadas comunistas.

El sentido común lleva a anticipar un impacto negativo de esta propuesta sobre el empleo e ingreso de las familias, más aún cuando, como se ha señalado, se sumaría al proyecto de sala cuna y a un aumento de las cotizaciones previsionales para elevar fuertemente el costo laboral. Lo probable, entonces, es que más allá de confusiones transitorias, la percepción de la ciudadanía sea finalmente de temor y desconfianza ante una medida que, además, ocurre en medio de síntomas de restricción económica.

Más allá del abierto reconocimiento de las diputadas comunistas que lideran la iniciativa para recortar la jornada de que no han ponderado sus efectos económicos, o de la superficialidad con que el gobierno optó por avanzar su propia propuesta de acortamiento de jornada, la discusión suscitada ha aportado análisis más profundos que van permitiendo acotar el espacio de lo sensato: economías con alta productividad remuneran mejor a sus trabajadores, quienes pueden entonces usar sus mayores ingresos para consumir más bienes y servicios, o más ocio, acortando la jornada laboral. El único camino realista para aumentar ingresos y acortar jornadas, entonces, es el que induce mejoramientos de productividad en la economía.

Pero, también en torno a cómo aumentar la productividad en la economía abundan visiones voluntaristas: para algunos se trataría simplemente de gastar más en I+D, desde el gobierno o subsidiando u obligando a los privados. La realidad es otra. En economías que han desarrollado una gran base científica y una fuerza de trabajo calificada, las empresas desarrollan proyectos de I+D porque son un gran negocio. Y, porque son proyectos muy rentables, contribuyen al crecimiento del país. Esos mismos proyectos, en una economía sin ventajas comparativas en estos temas, producen pérdidas -privadas, o sociales si privadamente se sustentan por subsidios estatales- que deterioran el crecimiento y la productividad.

Porque no hay atajos, la discusión conducente es en torno a instituciones -estado de derecho, propiedad privada, competencia, rol del Estado-, regulaciones y políticas -educacionales, tributarias, laborales, ambientales- que generen el contexto, las expectativas, los recursos y los incentivos para que las empresas inviertan más y, en su búsqueda de utilidades, reduzcan costos, que es la contracara exacta de la mayor productividad.

Es indispensable devolver la discusión al ámbito de lo realista y conducente, evitando el costo de incurrir en tentaciones populistas o de aprobar leyes poco meditadas.