SEÑOR DIRECTOR
Las personas que han cruzado la frontera por pasos no habilitados han sido forzadas a “autodenunciar” su ingreso irregular. Dicho procedimiento no se encuentra contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y presenta una paradoja de difícil solución para quienes llevan semanas soportando el rigor que impone el altiplano: el costo para ingresar a los registros de la autoridad sanitaria y recibir apoyo en transporte, techo y alimento, es la denuncia policial por haber eludido los controles fronterizos, lo cual deviene inevitablemente en un decreto administrativo de expulsión.
Todos estos casos son denunciados por las intendencias al Ministerio Público, para luego desistirse de la denuncia. Así fue como, entre 2010 y 2019, Tarapacá se desistió de las 3.267 denuncias que presentó, mientras que Arica y Parinacota hizo lo mismo respecto de los 7.391 casos que denunció. La Corte Suprema ha señalado que la expulsión en estos términos constituye un pronunciamiento arbitrario, toda vez que adolece de una manifiesta falta de fundamentación (Rol 2313-2013).
Si la expulsión por autodenuncia será “la regla que llegó para quedarse”, estaremos frente a expulsiones colectivas exprés que no permiten el análisis caso a caso y, en consecuencia, ante un masivo proceso de condicionamiento de la protección humanitaria al ejercicio arbitrario del poder estatal.
Romina Ramos
Daniel Quinteros
Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera
Roberto Dufraix
Universidad de Tarapacá
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