Por Maximiliano Duarte, Fundación P!ensa
“(…) es muy posible que Santiago no pueda seguir creciendo en el futuro como lo ha hecho en el pasado, debido precisamente a los problemas de conglomeración urbana, de solución sumamente costosa, y a los problemas de escasez de energía y de agua. Pero como todo está condicionado para que el flujo de capitales y de hombres se mueva hacia Santiago es de esperar que continúe haciéndolo en el futuro, a menos que se cree otro centro de atracción que los seduzca. En caso que ese centro no se cree, el drenaje de hombres y capitales continuará, como se ha dicho, y al hacerlo continuará ejerciendo su influencia negativa sobre el desarrollo del resto del territorio”.
No sería extraño que la cita anterior perteneciera a un autor contemporáneo, sin embargo, corresponde a un fragmento de “En vez de la miseria”, libro de Sergio Ahumada publicado en 1958. En éste, el centralismo es denunciado como uno de los cuatro obstáculos -junto a la inflación, el estancamiento de la agricultura y la desigual distribución del ingreso- que impedían el desarrollo económico del país a mediados del siglo pasado.
Ha corrido bastante agua bajo el puente, y si bien podemos afirmar que algunos de los flagelos apuntados han sido enfrentados con éxito, como es el caso de la inflación, el centralismo y la concentración económica son problemas que no solo han persistido, sino que se han exacerbado.
Diversos académicos han señalado que una de las razones que explican este fenómeno es nuestra organización territorial anacrónica. El asunto tiene una arista constitucional importante que se refleja en el hecho de que nuestra Constitución no establece requisitos mínimos a tener en consideración para la creación de regiones, como sí ocurre en otros ordenamientos. Lo anterior, unido a la ausencia de una mirada territorial de mediano-largo plazo, supuso la convivencia de regiones cuyo reconocimiento no obedece a una estrategia nacional que tenga por finalidad el desarrollo territorial equitativo. Así, a las trece regiones creadas en dictadura por razones de seguridad nacional, le han seguido otras tres que fueron reconocidas en los últimos 15 años por razones que son bastante disímiles. Ello ha llevado a un escenario de fragmentación territorial incoherente que no solo aumenta la brecha de desarrollo entre la Región Metropolitana y el resto del país, sino que además impide generar diagnósticos territoriales certeros, debido a que las dinámicas económicas y demográficas proyectadas en el espacio no coinciden con los límites políticos, lo que redunda en una ineficiente gestión de recursos.
La reflexión que hiciera Ahumada hace más de 60 años tiene el mérito de contener una propuesta que podría revertir la tendencia centralista: una nueva división territorial sustentada en macrorregiones. En efecto, el autor defendió la creación de cuatro macrozonas que operarían como polos de desarrollo: una en el norte, otra en Santiago, una tercera en Concepción y, finalmente, una cuarta ubicada en el seno de Reloncaví. La idea, con ciertos matices -regiones más y regiones menos-, ha sido impulsada recientemente por distintos académicos, centros de estudios y líderes de opinión -entre los cuales se encuentra el expresidente Lagos-, quienes han resaltado las virtudes de las macrorregiones para el desarrollo territorial de Chile.
En los próximos meses, la Convención Constitucional presentará una propuesta con un nuevo marco político, la que inexorablemente deberá contener una referencia a la división territorial del poder. Pues bien, junto a la definición de nuestra forma de Estado y la distribución de competencias hacia los niveles subnacionales, resulta indispensable que en la deliberación se discuta una nueva organización territorial. No solo porque éste sea un asunto propiamente constitucional, sino porque ahí se encuentra la llave para desencadenar un proceso de descentralización y desconcentración para los próximos 40 años.
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