SEÑOR DIRECTOR:
Mucho se ha criticado al Presidente de la República por la forma en que se han seleccionado a altos funcionarios de su gobierno. Se le reprocha el privilegiar la amistad personal, como también al abusar de la lealtad política, poniendo ambas por sobre los criterios o requisitos para cumplir las específicas funciones públicas.
Y aunque se trata de un reproche que podría hacerse extensivo a casi todos los expresidentes de la República -basta recordar las polémicas por la presencia de familiares en diversas reparticiones públicas en las administraciones de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera-, en el caso de Boric este debate adquirió mayor relevancia por sus propias declaraciones durante la campaña electoral, donde se comprometió enérgicamente a terminar con los “amiguismos” y pitutos en el Estado.
Pero la cuestión de fondo, y es lo que estamos trabajando ahora en Pivotes con diversos expertos en una de las líneas de trabajo de la iniciativa EnFoco, es por qué, y pese al amplio consenso en la necesidad de modernizar el Estado, y muy específicamente en la importancia de contar con un contingente profesional, estable y altamente calificado, no ha sido posible aprobar una reforma que limite la amplia discrecionalidad en los nombramientos de las máximas autoridades de turno.
Más allá de la retórica y las palabras, si de verdad creemos en la importancia de la acción del Estado y que, por lo tanto, su eficiencia y eficacia son un imperativo ético de acción política, no podemos seguir soslayando la importancia de cómo se recluta a los funcionarios públicos y su relevancia para el funcionamiento del Estado y la política pública.
Rafael Palacios
Red Pivotes
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