El drama de Nicaragua

La liberación de 222 prisioneros políticos -que fueron expulsados del país y privados de su nacionalidad- ilustra la descomposición que ha traído el régimen de Ortega y la necesidad de no debilitar las sanciones.



La liberación de 222 presos políticos por parte del régimen nicaragüense -quienes fueron expulsados del país, y además privados de su nacionalidad por cargos de “traición a la patria”- refleja con toda crudeza el drama político y humanitario que se vive en dicho país. La autocracia en que ha degenerado el gobierno de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo ha llevado en que con el afán de perpetuarse en el poder, las libertades más esenciales se encuentren completamente sometidas a los designios del régimen.

Es posible que detrás de este “gesto” se esconda la intención de Ortega de comenzar a recomponer las relaciones con Estados Unidos, país que a la par de haber aplicado duras sanciones al régimen, es el principal socio comercial del país. Ortega se apresuró en aclarar que con esta liberación no buscaba pedir nada al gobierno norteamericano, pero lo cierto es que Washington ha sido uno de los más activos impulsores de esta liberación. Ayer el Departamento de Estado recordó que todavía quedaban prisioneros políticos en cárceles nicaragüenses, lo que abre la incógnita del trasfondo que podría haber detrás.

Sería un grave error que la administración de Biden comience a aflojar las sanciones y dé mayor respiro al régimen. A pesar de que la comunidad internacional ha hecho ver las graves violaciones a los derechos humanos en dicho país -la dramática realidad que allí se vive ha provocado un masivo éxodo de nicaragüenses, con cerca de 200 mil personas viviendo en el exilio-, la presión ha sido escasa, lo que ha permitido a Ortega entronizarse en el poder y sofocar las libertades políticas, de expresión y cooptar las principales instituciones. La propia comunidad latinoamericana ha sido débil para denunciar estas tropelías, tal como quedó a la vista en la reciente cumbre de la Celac, donde salvo algunas voces aisladas -entre ellas la del Presidente Gabriel Boric, quien pidió la liberación de los presos políticos-, la crisis de Nicaragua no ocupó la preponderancia que ameritaría, y de hecho Ortega fue invitado a participar del encuentro, si bien finalmente declinó asistir.

Resulta desesperanzador constatar que en la región proliferan los regímenes autoritarios o que van debilitando gravemente las bases de la democracia, sin que ello acarree mayores sanciones o se busquen hacer efectivas las responsabilidades. Nicaragua es de hecho uno de los países que más ha retrocedido en el mundo en cuanto a la solvencia de su democracia -el último Índice de la Democracia preparado por Economist Intelligence Unit ubicó al país en el lugar 143, de un total de 167 países o territorios-, y basta ver la naturaleza de los prisioneros recién liberados para darse cuenta de la forma cómo opera el régimen. Entre ellos figura Cristina Chamorro y otros seis dirigentes de la oposición que intentaron desafiar a Ortega en los comicios de 2021. También fue expulsado Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario La Prensa. El obispo Rolando Álvarez declinó el ofrecimiento de abandonar el país, por lo que fue condenado a una pena de 26 años de cárcel.

Sin oposición política, sin medios de prensa libres y con el sistema judicial cooptado, Nicaragua es reflejo de una tragedia que amenaza con seguir extendiéndose en la región, en la medida que las derivas autoritarias no parecen tener aparejadas sanciones.

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