Por Guillermo Le Fort, profesor titular FEN Universidad de Chile
Se ha confirmado recientemente un acuerdo amplio entre economistas de la necesidad de mantener una política fiscal expansiva este año y el próximo con déficit fiscales abultados para responder a la crisis generada por la pandemia y poder seguir gastando a pesar de la masiva caída de los ingresos públicos. Se propone crear un fondo extrapresupuestario Covid por un total de 12 mil millones de dólares a ser gastado en los próximos 24 meses, en la medida que las circunstancias así lo requieren. Lo que parece razonable, financiable, flexible y capaz de ser plasmado en un acuerdo político.
Este año, el déficit alcanzaría al 10% del PIB para enfrentar las mayores necesidades de gasto que genera la pandemia. El próximo año, el déficit sería algo menor, del orden de 8% del PIB, porque los niveles de ingresos públicos seguirán deprimidos y será necesario mantener el impulso fiscal para empujar la recuperación del empleo y del producto. Todo ello apunta a un fuerte incremento del endeudamiento público en los próximos años, desde el 28% del PIB a fines de 2019 a casi 45% del PIB a fines de 2022. Este mayor endeudamiento va a ser costoso para las próximas generaciones, que deberán pagar intereses por la deuda pública mucho más elevados que los del presente. Primero, porque la deuda pública neta relativa a la capacidad de pago se habrá multiplicado por 1,5 en solo tres años. Segundo, porque la tasa de interés a la que está sujeta esta deuda se irá incrementando conforme el riesgo percibido por los inversionistas sea mayor.
El acuerdo que falta y que será difícil de alcanzar es el de cómo contener el gasto, reducir el déficit y sostener el endeudamiento una vez superada la emergencia. Tenemos el sistema de meta para el déficit fiscal estructural vigente, pero éste parece insuficiente. Bajo este sistema, en la última década el endeudamiento público ha aumentado en casi 20 puntos del PIB, lo que indica que el sistema de contención fiscal no ha sido adecuado y que basamos nuestras fortalezas fiscales remanentes en el pasado más lejano, los años 90 y la primera década del siglo XXI.
El complemento que falta a la meta fiscal es una exigencia mayor que la meta de déficit estructural, una meta creíble de endeudamiento del sector público. Esta meta es fundamental para que el incremento del endeudamiento de 28% a 45% del PIB, no sea visto como un proceso continuo. La sostenibilidad fiscal exige que el endeudamiento tenga un límite, que lo estabilice en relación al PIB en una fecha conocida y cercana. De otra forma, la probabilidad de que la deuda pública chilena se haga insostenible rondará las percepciones de riesgo de los inversionistas y eso se reflejará en un financiamiento más escaso, de mayor costo y menor plazo, esto es en un mayor riesgo país.
Nos debe preocupar el mayor riesgo país, porque mientras más alto sea, mayor será el monto de intereses pagado por el erario nacional y menor será la cantidad de recursos públicos disponibles para otros usos: la provisión de bienes públicos en general y el gasto en superación de la pobreza en particular. Además, mientras más alta sea la tasa de interés pagada por la deuda pública chilena, también más elevada será la tasa de interés que deban pagar las empresas por la inversión en Chile, ya que la prima de riesgo país en general establece un piso para las primas de riesgo privado. Entonces, también sufrirá la inversión y con ello el crecimiento del producto, del empleo y por extensión el crecimiento de los ingresos del sector público. Hace mucho sentido en estos difíciles momentos llegar a un acuerdo para gastar y enfrentar mejor la crisis. Pero esto es solo una parte del acuerdo necesario, la segunda parte es el acuerdo de cómo contener el endeudamiento público una vez que se supere la crisis, lo que se exige por adelantado para mantener la confianza de los mercados.
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