Por Paula Walker, profesora Escuela de Periodismo USACH
Si no hubiera sucedido el ataque despiadado de un grupo de chilenos a personas venezolanas en Iquique, el 25 de septiembre, el gobierno no habría reaccionado frente a la crisis migratoria. Ese día, una turba alentada por discursos políticos irresponsables, atacaron y quemaron las pertenencias de familias, incluso con niños y niñas. Asimilándose al Ku-Klux-Klan, ocultos tras sus mascarillas y pañoletas, invocando ser patrióticos, usaron el fuego y el miedo para defender a Chile de una invasión de migrantes que ellos consideran delincuentes.
Estas escenas de violencia que recorrieron el mundo, con una pira en llamas donde ardían hasta los pasaportes de migrantes, es justificada por un sector (minoritario) que alardea de sus actos matonescos. A ellos la justicia deberá sancionarlos y mostrar con eso que no hay dos clases de seres humanos: ellos y el resto, o ellos y los otros.
En febrero de 2021, el gobierno se desplegó en el norte (con dos ministros: Interior y Defensa) y anunció medidas para enfrentar la ola migratoria por pasos no habilitados de la frontera. Solo en Colchane hay 75 pasos no habilitados. Han pasado casi ocho meses y la indolencia del gobierno empujó la crisis al abandonar el deber que tiene de enfrentar los problemas. Un gobierno que ha tardado ocho meses en hacer los anuncios mínimos para darle un trato humanitario a personas migrantes. En el mundo, a junio de 2019, había 272 millones de migrantes internacionales según la Organización Internacional para las Migraciones. Es un problema global.
Los recién elegidos gobernadores regionales, que tienen pocas atribuciones y prácticamente nada de financiamiento, han hecho una declaración de apoyo a los gobernadores del Norte Grande, y en especial al de Tarapacá, calificando como ineficaz la acción gubernamental. Ni siquiera el eslogan sobre “los niños primero” movilizó algún tipo de acción de protección hacia la infancia y adolescencia que migran con sus familias. Han muerto una decena de personas en los cruces fronterizos, y una mafia nacional e internacional los utiliza para ganar unos dólares y traficar con su suerte.
Sabemos que organismos de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil han intentado evitar el colapso y dar dignidad a quienes deambulan buscando a sus parientes o intentando una oportunidad para vivir mejor. Sin embargo, el gobierno no tuvo ni tiempo ni recursos para implementar estas soluciones, se mantuvieron comunicando que ser migrante ilegal era sinónimo de delincuente, en vez de levantar la bandera de la humanidad y la dignidad tanto para quienes entran a Chile como para quienes los reciben.
La indolencia es el peor de lo males, porque acelera las crisis. El gobierno decidió observar y no invocar la colaboración nacional y entre los países para enfrentar la migración sin perder de vista que se trata de personas que arrancan de la pobreza, el hambre y la falta de esperanza.
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