En reciente entrevista con este medio, el expresidente de la CPC Alfonso Swett levantó un punto importante en la agenda, al plantear que “va a ser muy difícil atraer inversiones si no están las reglas claras, tanto para extranjeros como para locales”. De allí que el empresario propuso la creación de un estatuto especial para los inversionistas durante los años en que se va a discutir la nueva Constitución -2021 y 2022-, tal de asegurar una invariabilidad de reglas en lo tributario, ambiental y laboral, desde el momento en que se realiza la inversión y hasta un plazo razonable dependiendo del proyecto, del monto y de los puestos de trabajo que genera directa e indirectamente.
El planteamiento releva un aspecto del máximo interés para el país, pues parece olvidarse con facilidad que los cambios que surjan a partir de la deliberación constitucional y los anhelos que la mayor parte de la ciudadanía ha puesto allí pueden verse frustrados si es que no van acompañados de una reactivación del empleo y el crecimiento, donde la variable inversión juega un rol esencial.
La discusión de nuevas reglas crea de por sí incertidumbre, en especial en un clima de tanta polarización política como el actual -donde ha sido imposible, por ejemplo, consensuar un nuevo sistema previsional, generar acuerdos para dar con un sistema tributario que no entrabe el crecimiento o modernizar la normativa laboral-, y donde la variable violencia se ha cernido como un factor de preocupación, tal como lo ha advertido el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria. Es en ese marco donde surge la interrogante de si acaso un estatuto para las inversiones podría servir como un blindaje que incentive el desarrollo de nuevos proyectos de inversión.
Precedentes en esta materia existen, pues hasta fines de 2015 el país contó con el DL 600, que durante décadas fue un importante canalizador de flujos hacia el país, al asegurar invariabilidad tributaria por un tiempo y permitir una fácil remesa de los capitales, entre otros factores. La razón para terminar con dicho estatuto especial y reemplazarlo por un nuevo marco para la inversión extranjera fue porque se partió de la base de que el país cuenta con una institucionalidad robusta que permite dar certeza al estado de derecho, brindar estabilidad en las reglas y por esa vía crear un ecosistema atractivo para la inversión, sin discriminación entre nacionales y extranjeros.
La propuesta del exdirigente gremial es conceptualmente valiosa, precisamente por lo que busca resguardar, pero dado el agitado clima político -donde campean las pulsiones populistas-, aun si una iniciativa como ésta lograra ser aprobada, nada asegura que en el futuro pueda ser fácilmente eliminada o alterada sustancialmente, según las condiciones políticas imperantes. Un buen ejemplo de lo anterior es lo que acaba de ocurrir con el retiro de los fondos de pensiones, algo impensado hasta hace solo unos años, y que para concretarlo el Congreso no tuvo problemas en recurrir a mecanismos inconstitucionales. Frente a esta expectativa, es altamente probable que el estatuto por sí mismo no despeje la incertidumbre y en la práctica no tenga efectos reales para la inversión.
Esto implica que el asunto de fondo no es contar con un determinado estatuto, sino la falta de confianza en que la institucionalidad será capaz de hacer respetar las reglas y el estado de derecho. Lo que se daba como un hecho cuando se derogó el DL 600, ocurre que hoy está justamente en entredicho, y esa sola circunstancia ya resulta suficientemente grave, pero que no parece aquilatarse en el debate actual. Los actores políticos deben comprender lo que aquí está en juego, tanto por el peligro que implica que las inversiones se ralenticen fuertemente a la espera de que se despeje el tema constitucional, o por el temor de que el país deje de ser confiable en cuanto a la predictibilidad de sus reglas. Es su obligación dar garantías al país de que ni durante ni después del proceso constitucional la economía chilena quedará en una suerte de vacío o a merced del populismo.
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