La jueza

Nuestra sociedad está gravemente polarizada, una parte importante de ella reprocha el accionar de Carabineros y apoya el de encapuchados que queman, saquean, intentan impedir que se rinda la PSU o que se jueguen los partidos de fútbol. La crisis de legitimidad del Estado cobró su víctima institucional más importante cuando el sistema político rindió la Constitución ante las fuerzas de la barbarie que amenazaban llevarnos a un estado de anarquía cuyas consecuencias eran impredecibles.

A partir de ese día la ley rige entre nosotros sólo en la medida de lo posible, la lógica de que el fin justifica los medios anima a manifestantes y a todos los que levantan la expresión "estallido social" como verdadero conjuro ante cualquier demanda de racionalidad o de acatamiento al estado de derecho.

El rigor para perseguir y sancionar las conductas antisociales es anulado por una suerte de derecho de rebelión que se ejerce contra la sociedad en su conjunto o más precisamente contra "el modelo". Esta manera de sentir, porque no se le puede llamar razonamiento, nos ha conducido a este limbo jurídico, en que la incertidumbre determina nuestras decisiones. En el último mes casi no tuve conversación que no comenzó con la pregunta ¿qué va a pasar en marzo? No sé, es obvio que nadie sabe, por una razón muy simple: esta es una sociedad sin reglas que rijan en plenitud.

En este contexto, una jueza de garantía se permitió decir que el carabinero que atropelló, causándole la muerte, a una persona en los alrededores del estadio Monumental, lo hizo mientras era víctima de una agresión, que no le estaban "tirando flores ni challas", por lo que resolvió aplicarle cautelares de baja intensidad. Por supuesto ardió Troya, hasta la Asociación Nacional de Magistrados sostuvo que se había basado en prejuicios, fue calificada de "poco empática" y recibió amenazas que la tienen con protección policial. Por cierto, nada de esto ocurre cuando el juez Urrutia argumenta en la dirección contraria.

A mí me gustó la actuación de la jueza, pero es tan irrelevante mi agrado como el desagrado que despertó en sus críticos, pues lo único que importa es que hay un proceso legal, que en ese proceso se dictó una resolución y que esa resolución puede ser atacada mediante los recursos que la ley franquea, por todos aquellos a quienes la ley les reconoce un interés legítimo en esa causa. Porque en una sociedad civilizada no manda la calle, ni los políticos, ni los columnistas, ni siquiera la jueza. En una sociedad civilizada manda la ley. El único pecado de la jueza fue recordarnos que en algún momento tendremos que elegir si queremos vivir bajo la ausencia de reglas del "estallido social" o bajo el imperio del derecho.