Los pueblos indígenas y afrodescendientes frente a la nueva Constitución.

*Esta columna fue escrita junto a Francisca de la Maza (UC Villarrica – CIIR).

Después del estallido social de octubre algo se hizo evidente en las calles de Santiago y del resto del país: la proliferación de banderas del pueblo mapuche que se han convertido en uno de los íconos más representativos del descontento social. Pero a pesar de los avances logrados por una nueva Constitución que pueda representar la diversidad que tiene Chile en la actualidad, no está claro todavía de qué manera serán resguardados los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo tribal afrodescendiente. ¿Qué lugar ocuparán estos pueblos en el nuevo escenario social y político que enfrentará el país? ¿Han sido contempladas sus demandas y su reconocimiento en este proceso que llevará a una nueva Constitución? ¿Qué contenido tendrán, esperamos, conceptos como la Plurinacionalidad en el contexto chileno?

La experiencia latinoamericana evidencia que cuando distintos paises pasaron de gobiernos dictatoriales a regímenes democráticos se promulgaron constituciones que obligaron a generar nuevos acuerdos sociales. En Chile, en cambio, al mantenerse la Constitución del 80 no hubo un acuerdo social amplio que amparara el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Se avanzó con la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) y con posterioridad con la Ley 19.253 en 1993, la creación de la CONADI, la Intercultualidad y la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Hay que recordar que el Convenio 169 de la OIT sólo vino a ser ratificado por Chile hace once años, lo que implicó un evidente rezago con respecto a los otros países de la región. Con respecto a los afrodescendientes, recién en abril de este año fueron reconocidos a partir de una ley especial, lo que sin duda obliga a que sean contemplados en los nuevos acuerdos que se pretenten lograr.

Durante muchos años, los pueblos originarios han hecho visible su lucha que en muchos puntos se parece a la demanda que está detrás del actual estallido social. La militarización policial de sus territorios, la excesiva violencia y represión que se viven a diario en el Wallmapu, la falta de participación, de reconocimiento y de representación en diversas instancias, se suman a un enfrentamiento cotidiano con las fuerzas del capital, lo que se ha materializado en la lucha en contra de la instalación hidroeléctricas, forestales y empresas mineras, con altos impactos para sus vidas cotidianas. Y a eso hay que sumarle que están en una situación de pobreza y tienen los mismos problemas de salud, educación y de pensiones míseras que el resto de los chilenos.

Para los pueblos indígenas y afrodescendientes no basta con la solución de sus problemas económicos y sociales. La cuestión del reconocimiento es de suma importancia y debe ser tratada en la actual Constitución. Sería impensable que los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente, recientemente reconocido por ley, no formaran parte, ni estuvieran contemplados en el proceso constituyente con sus propios protocolos, formas de participación y representación que permitan un nuevo acuerdo social.

Por lo mismo se necesita llevar este tema a la palestra pública y utilizar todos los espacios que puedan existir para colocar la cuestión de los pueblos indígenas y afrodescendiente, ya que lamentablemente hasta ahora no han sido contemplados. Hay al respecto declaraciones de buenas intenciones, las que no bastan para avanzar en un reconocimiento que les permita estar en la nueva Constitución y también conquistar la protección y el resguardo de la naturaleza, el derecho a una educación propia, la revitalización de las lenguas indígenas y formas propias de autogobierno y autonomía. Esto nos lleva a redescubrir formas propias de acción política en los territorios indígenas que permitan una convivencia con todos sus habitantes, pero con el reconocimiento político de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Varios dirigentes han expresado que el pueblo mapuche debe luchar por su autonomía y que deben avanzar hacia su propia asamblea constituyente. Otros han planteado un debate que debe ser realizado de manera paralela y presionar para que sus resultados sean incorporados en la discusión. Por esto es fundamental que la cuestión indígena y afrodescendiente esté en la agenda y se lleguen a acuerdos que permitan saldar la deuda que se tiene con todos los pueblos originarios. Y para que esta demanda sea efectiva, la primera lucha es que los pueblos tengan representación en la Convención Constitucional.

Chile no se puede dar el lujo de que ante un acuerdo social de tamañas proporciones los únicos que finalmente no cuenten sean los indígenas y los afrodescendientes. De ser así, estaríamos frente a la mayor de las injusticias, ya que no han sido 30 pesos, ni treinta años de exclusión, sino quinientos años de dolor y sufrimiento que a partir de esta instancia pueden comenzar finalmente a ser reparados.