Monitorear el gasto para lograr el impacto

Con el objetivo de identificar la totalidad de los programas sociales destinados a infancia y juventud (0 a 17 años), así como revisar cuántos de estos han sido evaluados por Dipres y/o Ministerio de Desarrollo Social durante los últimos 10 años, la Fundación San Carlos de Maipo y el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile han elaborado un informe denominado "Caracterización de los programas sociales vigentes en Chile en 2017, orientados a la primera infancia, infancia y adolescencia y financiados con presupuesto central".

Monetariamente, los programas sometidos al menos a una evaluación completa o parcial durante el período señalado representan el 85% del gasto público con foco en la infancia. De los programas evaluados, sólo el 24% de estos tuvieron una calificación positiva. En cambio, de las 25 evaluaciones encargadas en los últimos 10 años a programas e iniciativas considerados en el listado de este estudio, 19 tuvieron como resultado una evaluación mala, equivalente a un 76%. Con todo, la evidencia indica que no hay muchos efectos como resultado de una mala evaluación de un programa.

Del total de los programas e intervenciones mal evaluados que están vigentes en 2017, sólo 32% ha sido rediseñado y ninguno de los mal evaluados ha modificado su presupuesto producto de una mala calificación: De 19 programas e iniciativas, sólo 6 ingresaron a evaluación ex ante como consecuencia de reformulaciones sustantivas y en ninguno de ellos se observó un ajuste presupuestario a consecuencia de la evaluación insuficiente.

Los 147 Programas e Iniciativas Sociales destinados a 0-17 años involucran un presupuesto, para el año 2018, que alcanza cerca de 14 mil millones de dólares. Es un presupuesto altamente significativo, por esto mismo y por la prioridad que supone avanzar en materia de infancia en la implementación y diseminación de programas con el más alto estándar de evidencia, es que es clave que se transparentan adecuadamente los ajustes presupuestarios de todos los programas sociales durante el año, y se vinculen los programas sociales con la Ley de Presupuestos.

Estos datos evidencian la necesidad de que el Gobierno diseñe una metodología clara y transparente para sistematizar las consecuencias posteriores a evaluaciones insuficientes. Asimismo, contar con un cronograma para evaluar los programas e iniciativas sociales con cierta relevancia presupuestaria, Además, es fundamental reforzar el monitoreo de programas gubernamentales como "sistema de alerta".

Por otra parte, consideramos que para asegurar que la calificación final de un programa gubernamental cumpla con criterios objetivos, proponemos crear un panel de expertos, en coordinación con Dipres, para revisar los resultados y establecer las calificaciones finales de las evaluaciones ex post. Respecto a la rendición de cuentas, parece adecuado que el presupuesto de todos los programas sociales se refleje explícitamente en la Ley de Presupuestos. De esta manera, se empezaría vincular la información de desempeño con la información presupuestaria. Por último creemos necesario contar con un diagnóstico individual de las necesidades y prestaciones que reciben cada uno de los niños y jóvenes, contar con la caracterización de ellos y de su hogar y entorno; las duplicidades o sobre intervención; la coordinación y articulación de la política social y la expresión territorial de la política social, aspectos que permitirían conocer la integralidad de la política social y reorientar la oferta de estrategias a las verdaderas necesidades de los beneficiarios.

Es fundamental potenciar los sistemas de registro y de recolección de datos de los beneficiarios atendidos. Estos indicadores no sólo deben servir para diagnosticar las necesidades, sino también para evaluar los resultados obtenidos.

Contar con información articulada de objetivos, presupuestos e indicadores de logros asociado a impacto son la base de una mejor oferta programática, más oportuna y de calidad, más transparente, pero sobre todo con un alto compromiso ético a la hora de invertir los recursos en aquello que sabemos que va a mejorar la vida de las personas.