SEÑOR DIRECTOR:
Existe un amplio consenso respecto a que el proceso constituyente debe continuar. No obstante, no es evidente que una Convención Constitucional tenga que ser la encargada de redactar la nueva Carta Magna.
El Congreso es la institución que garantizaría el carácter democrático del proceso constituyente, al ser el órgano representativo de la ciudadanía por excelencia, y cuyos miembros fueron recientemente elegidos junto a la elección presidencial. Dentro de sus atribuciones ya se encuentra la de Poder Constituyente derivado, y cuenta con recursos y reglamentos establecidos.
Una primera ventaja que se observa de encargarle el proceso al Parlamento es de carácter económico. Considerando que ya se han gastado más de $68 mil millones en el proceso constituyente financiado con impuestos de todos los chilenos, es razonable evitar los costos de una nueva elección de convencionales y del funcionamiento de un congreso paralelo.
Una segunda ventaja es de carácter temporal. Llevamos más de dos años de incertidumbre. Se necesitan reglas claras, lo más pronto posible, para hacer frente a la crisis económica y social que estamos viviendo. Al radicar el proceso constituyente en el Congreso se evita la demora que conlleva el tiempo de campaña, de instalación de un nuevo órgano y de redacción de un nuevo reglamento (no olvidar los seis meses perdidos por la Convención en esto), para ir de lleno a la discusión de contenido. Además, el hecho de que las normas constitucionales ahora deban ser aprobadas por solo cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio debiera facilitar los acuerdos.
Alguno objetará que el Congreso no logrará este cometido en un tiempo breve por las otras labores que tiene a cargo. Otros argumentarán que la gente prefiere a expertos y no a los políticos. Una solución es que el Congreso nombre una comisión de reconocidos abogados y académicos que redacte una propuesta armónica en un tiempo acotado, la cual pueda luego recibir indicaciones de los parlamentarios y del Ejecutivo. Esto además permite que expertos, que suelen ser malos políticos, tengan más posibilidades de participar a que si intentan ser elegidos miembros de una convención.
Los procesos constituyentes no pueden diseñarse desde la teoría, sino atendiendo al contexto nacional. Esta es una segunda oportunidad, y hay poco margen para seguir experimentando y equivocarse.
Soledad Bertelsen
Investigadora POLIS, Observatorio Constitucional de la U. de los Andes
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