SEÑOR DIRECTOR
La Casen 2020 volvió a enrostrarnos la vulnerabilidad en la que vive la niñez. La tendencia decreciente de la pobreza por ingreso observada en Chile durante la última década se fracturó de golpe y el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que experimentan pobreza por ingreso aumenta de 13% en 2017 a 17% en 2020. Peor aún, siete de cada diez hogares en que viven menores de edad se encuentran bajo el promedio nacional de ingreso autónomo per cápita trazado en $309.614. En términos desoladores, pero más sencillos, durante la pandemia, cuatro de cada diez hogares con niños, niñas y adolescentes sintió preocupación por no tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero u otros recursos.
Sin una lógica universal de garantías de derecho, no habrá más que una amplia parte de la niñez expuesta al vaivén del coronavirus, las crisis económicas y otras tantas catástrofes que ese Chile solidario se apronta a socorrer. Solo basta recordar que en 2020 prácticamente la mitad de las causales de ingreso a Sename respondieron a negligencia parental, lo que, a decir de los expertos, no es más que un reflejo de la discriminación hacia familias -y comunidades- que crían en situación de vulnerabilidad, y con escaso apoyo para educar, cuidar y proteger.
¿No + Sename? No. Se requieren comunidades, barrios y escuelas capaces de prevenir y cuidar, garantizando derechos en los territorios donde habita la niñez. Sin Ley de Garantías, todo lo demás, incluido el nuevo Servicio de Protección Especializada, “Mejor Niñez”, corre el riesgo de ser una modificación cosmética y políticamente conveniente, a una sociedad que requiere cirugía mayor.
Daniela Díaz Bórquez
Directora ejecutiva Observatorio Niñez y Adolescencia
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