Nulidad y juicio justo

Hace años y desde distintos lugares de Wallmapu, nos reunimos mujeres y hombres de Iglesia para compartir nuestras experiencias en los diversos territorios mapuche en que trabajamos. Nuestro objetivo ha sido discernir nuestras prácticas pastorales buscando como ser solidariamente fieles al pueblo mapuche y al evangelio de Jesús.

Hemos sido testigos de la presión social, política y judicial sobre este territorio y su gente, especialmente contra los mapuche. Igualmente hemos constatado la violencia de la represión policial en contra de comunidades y que se repite sin cesar.

Son décadas presenciando diversas formas de abusos contra líderes y su familias, contra comunidades y territorios mapuche, más todavía cuando estos se organizan para reclamar sus legítimos derechos. Se ha construido un relato sobre la existencia de terrorismo mapuche, con vínculos internacionales, cuestión que rechazamos firmemente. Este relato se ha convertido en un discurso mediático de los gobiernos de turno para justificar su carencia de políticas acordes al derecho internacional y a las legítimas demandas del pueblo nación mapuche.

En este contexto, el juicio del caso Luchsinger-Mackay no escapa de las acciones ilegales de persecución y criminalización por parte de agentes del estado chileno contra líderes mapuche instaladas en territorio mapuche. Sin perjuicio de la gravedad de este caso y del derecho de los familiares a obtener justicia frente a el, queremos por tanto, exigir a las peticiones de nulidad y juicio justo para José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y José Peralino Huinca, condenados por la cuestionada Ley antiterrorista.

Recordamos que en el primer juicio los jueces llegaron a la convicción que la prueba presentada por el ente persecutor "estuvo plagada de defectos" y de ilegalidades en los procedimientos de su obtención. Todo por lo cual fueron consideradas insuficientes para derribar la inocencia de los 11 imputados.

En el segundo juicio, que consideró las mismas pruebas y solo cambiaron los jueces, se declaró inocentes a ocho imputados y se encontró culpables a los tres comuneros aludidos, siendo considerados terroristas, con las mismas pruebas, con las mismas falencias, pasaron de inocentes a terroristas.

La serie de incoherencias, contradicciones y vicios de procedimientos en el segundo juicio, hicieron presentar a la defensa el recurso de nulidad, el que fue declarado admisible por la Corte Suprema, el martes 7 de agosto reciente.

Entre las múltiples irregularidades, ya evidentes en el juicio anterior, las más graves dicen relación con la prueba principal: el testimonio de José Peralino Huinca, fue obtenido no solo sin informarle que estaba siendo imputado en este caso, sino más grave aún, José Peralino Huinca fue coaccionado a niveles claros de tortura física y psicológica, fuera de toda norma de legitimidad de una investigación, tanto en su domicilio como en los cuarteles de PDI y otros lugares, durante más de dos años. Para colmo de la ilegalidad, el ente persecutor ocultó la carpeta de investigación de Peralino Huinca como imputado por el caso de la antena del cerro Rahue y lo presentó simplemente como delator compensado del caso Luchsinger Mackay. Todo sin grabaciones, sin evidencias fotográficas, sin abogado presente, sin resguardo de sus derechos más básicos. La tortura llegó a niveles tales que el mismo José Peralino Huinca relató que pensó en suicidarse para terminar el acoso policial que estaba sufriendo y así librar a su familia de las amenazas a su integridad. Se trata de una situación que por su notoriedad fue constatada con preocupación por el Comité Contra la Tortura en su reciente informe sobre Chile (agosto de 2018), en el que instó a sus autoridades a adoptar medidas efectivas que aseguren en la práctica la inadmisibilidad de las confesiones o declaraciones obtenidas mediante tortura o malos tratos.

Las pruebas referentes al tráfico telefónico que relaciona a los culpados quedaron claramente descalificadas en el primer juicio, especialmente por la debilidad de los medios usados y por los informes técnicos presentados.

Durante el proceso se ocultaron reiteradamente pruebas a la defensa para obstaculizar los peritajes necesarios para los alegatos de la defensa. Es decir, se ocultaron pruebas que permitieran ejercer una justa defensa.

Poco antes de los alegatos de clausura, las evidentes tensiones entre los jueces a vista y paciencia de los intervinientes y de los imputados, llevó a que la magistrada Ximena Saldivia, que representaba la postura discrepante dentro del jurado, acabó abandonando el juicio mediante licencia médica y una denuncia en la Asociación Chilena de Seguridad.

Si a todas estas irregularidades sumamos el uso de la ley antiterrorista, la cual ha sido cuestionada por diversos organismos de defensa y promoción de los DD.HH., tanto nacionales como internacionales, podemos afirmar que estamos ante una vulneración gravísimas de los derechos básicos a un juicio justo e imparcial que tampoco hace justicia a los demás involucrados en este caso y peor aun a las víctimas.

Con la convicción que la paz se construye en base a la justicia, exigimos la nulidad y un juicio justo para José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y José Peralino Huinca.

David Soto, Carlos Bresciani, Juan Fuenzalida: Jesuitas Tirúa.

Jeannette Curinao Alcavil, Profesora de Educación General Básica, Tirúa.

José Fernando Díaz SVD, Sacerdote Congregación Verbo Divino

Pedro Pablo Achondo, Teólogo y Poeta

Verónica Pérez, Pastoral Mapuche de Santiago

Francisco Pichun, de Tirúa

Hernán Llancaleo, encargado Pastoral Mapuche Concepción

Matthias Platzer SVD, Sacerdote Congregación Verbo Divino

Jeannette Pérez, JUPIC, Comunidad Teologica del Sur

Luis Rodríguez SVD, Sacerdote Congregación Verbo Divino

Rafaela Wojenske, Religiosa de la Pastoral Mapuche Santiago

Ximena Cayupi, Pastoral Mapuche de Santiago

Oscar Gutiérrez, sacerdote de Alto Biobío

Jaime Riquelme, sacerdote de Alto Biobío

Marcelo Oyarzun Ojeda svd, sacerdote Congregación Verbo Divino