Realismo mágico notarial

Por Pablo Paniagua, investigador senior de la Fundación para el Progreso

Hace casi cien años, el Presidente Arturo Alessandri Palma se refirió a la oligarquía chilena retrograda como “la canalla dorada”, porque ciertos sectores oligárquicos de la sociedad se oponían a establecer reformas sociales en beneficio de los chilenos. Por ello, la “canalla dorada” es una alegoría para representar a todas aquellas oligarquías y grupos de poder que prefieren oponerse a un cambio beneficioso para las partes, simplemente porque amenaza su estatus quo y sus capacidades de extraer rentas sin casi ningún esfuerzo adicional -es decir, sin real competencia. Hoy, a inicios del mes de septiembre, hemos visto otro ejemplo de aquella actitud de la “canalla dorada” en el actuar de los notarios y notarias de Santiago.

El 1° de septiembre, con relación a una notaría que tuvo la osadía de innovar e introducir tecnología para beneficiar a sus clientes, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió, por mayoría, que “todos los notarios de la jurisdicción (…) se abstengan de utilizar cualquier sistema computacional implementado en sus oficios para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza”. Esta decisión, como bien lo han definido Barros y Engel, representa un verdadero “apagón digital” para las notarías de Santiago, justo en el momento más crítico de los últimos cien años, cuando más se necesitan la tecnología y la movilidad. Este dictamen del “apagón digital” representa un retroceso más en materias de modernización y digitalización de los procesos, haciéndonos retroceder a la época de las cavernas notariales.

Dicha innovadora notaría de Santiago tuvo la osadía de introducir tecnología biométrica digital para autorizar de manera no presencial firmas de documentos privados. Lo interesante del caso es cómo los otros notarios competidores de la jurisdicción reaccionaron a la innovación; en vez de aplaudirla y celebrarla, hicieron todo lo posible por desprestigiarla y echarla abajo, usando la creatividad que debería ser usada para crear valor. Por ejemplo, un notario competidor y de paso hermano de un congresista de la nación, burló el software biométrico de la competidora con una máscara, para luego ejemplificar los riesgos de esta innovación y proponer lo que parecería una honesta declaración de inhabilidades. Lo mismo hizo un socio de la Asociación de Notarios, que utilizó un video suyo para tratar de hacer unos trámites y así demostrar los riesgos de la innovación. Sin perjuicio de los riesgos de la innovación, sin duda subsanables, resulta al menos cuestionable el actuar de las otras notarias de Santiago que, en vez de ayudar a mejorar la innovación utilizaron su tiempo y creatividad simplemente para destruirla. Digno actuar de una “canalla dorada”, como diría Alessandri Palma.

Toda esta situación resulta aún más inverosímil cuando recordamos que hace poco -en el 2018- se elaboró un estudio minucioso del mercado de las notarías por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en donde quedó establecido que las prácticas y procesos actuales notariales requieren de una modernización impostergable. El estudio señala que, de implementarse las recomendaciones digitales y de libre competencia sugeridas en el mismo, los costos y tiempos que pierden todos los chilenos en las notarías para realizar sus trámites se reducirían, en promedio, en un 95%. Hoy en día, existen pocas reformas en Chile tan radicales y que podrían generar tantas ganancias de productividad, tiempo y recursos para todos los chilenos. Más de la mitad de los ahorros y beneficios vendrían principalmente de dos fuentes: primero, el uso de tecnologías de información y no presenciales y, segundo, el eliminar las grandes barreras de entrada y la extraordinaria falta de competencia que explican -según el estudio de la FNE- las jugosas rentas monopólicas que extraen los notarios a costas de todos los chilenos.

En definitiva, con base en toda esta evidencia y consideraciones, la FNE estableció que las notarías efectivamente gozaban de rentas monopólicas o supracompetitivas, arrastrando de forma estructural ineficiencias productivas que se traducían en altísimos costos de tiempo y de recursos para la ciudadanía. En especial, el costo de tiempo expropiado por los notarios a desmedro de cada ciudadano que día a día pasan horas en bizantinas notarias para poder legalizar una fotocopia. La FNE sugirió realizar una reforma global y radical para inyectar competitividad, profesionalismo y tecnología al mercado monopólico de privilegios notariales que se arrastran por siglos. Es difícil ver cómo el último “apagón digital” ocurrido este mes, impuesto por la corte e impúdicamente celebrado por la Asociación de Notarios, contribuya a construir la necesaria modernización del mercado notarial. El actual proyecto de ley de reforma notarial -que se encuentra casualmente empantanado en el Senado desde enero- busca promover dichos cambios para acabar con las rentas monopólicas, introduciendo el uso masivo de tecnologías de la información, procesos más trasparentes de nominación de notarios y, más importante aún, aumentando la competencia a través de la nueva figura del “fedatario”. Esperemos que tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo aúnen fuerzas para poder sacudirse de la influencia retrograda de la “canalla dorada”, para que así podamos contar con un sistema notarial justo, competitivo y de trato digno que esté a la altura de los nuevos sueños y aspiraciones de igualdad y dignidad, tan reclamados hoy por la ciudadanía..

La gran diferencia entre el proyecto de ley actual y los intentos anteriores por reformar el mercado de los notarios es que hoy la ciudadanía y los políticos cuentan con evidencia empírica y contundente —proporcionada por el estudio de la FNE— respecto a la falta de competencia que impera en el mercado notarial. De hecho, este estudio arrojó interesantes y preocupantes resultados que vale la pena tener siempre en mente a la hora de hablar de esta realidad.

Por mencionar solo 5 datos del realismo mágico notarial:

-Los concursos para optar a los cargos de notario han sido siempre poco transparentes, a pesar de que existe un gran interés de la ciudadanía por postular. Para ser elegido como notario, uno tiene que ser nombrado a través del Presidente de la República, quien elige con base en una terna confeccionada por la Corte de Apelaciones (la misma corte que prohibió el uso de tecnología para proteger el mercado de los notarios). De esta forma, no hay información pública sobre los procesos de concursos para los cargos. Esto deja el proceso expuesto a manipulación política y a que grupos de interés asociados ejerzan influencia en la selección. La meritocracia y la igualdad de trato parecieran no existir en el mundo notarial.

-Normalmente, el precio máximo establecido por ley para regular los servicios notariales no se cumple. Por ejemplo, una declaración jurada debería costar, según la ley, no más de $500 pesos; basta con ir a cualquier notaria de Santiago para darse cuenta de que dicho precio no se respeta. La competencia notarial —a desmedro de todos los chilenos— no se da por precio, sino que por los largos tiempo de espera.

-La FNE estimó que los servicios notariales más demandados por la ciudadanía son 17 trámites bastante básicos, tales como finiquitos laborales y fotocopias autorizadas. Lo inverosímil de la situación actual es que la mayoría de todos los servicios notariales más demandados por la ciudadanía no requieren de conocimiento jurídico y legal sustantivo alguno. Parece obvio que no hay que tener un Doctorado en Jurisprudencia para poder autorizar una fotocopia. Pero así y todo tenemos barreras de entrada enormes que prohíben que estos servicios tan básicos puedan ser realizados por otras personas autorizadas por la ley.

-La FNE estima que las rentas promedio que obtienen los notarios llegan a $14 millones de pesos por mes. Más inaudito aún, se estima que aquellos notarios ubicados en el centro de Santiago recibirían rentas en torno a los $24 millones de pesos. Cifras para nada despreciables si se miden a lo largo del tiempo, ya que debemos considerar además que el cargo de notario se ostenta en algunos casos de por vida y en otros hasta los 75 años. De hecho, el 41% de los notarios y conservadores en Chile tienen su cargo de forma vitalicia. No hay nada de malo en vivir hasta el fin de los días ganando $24 millones de pesos, haciendo algo que genera valor a la sociedad; pero en un país pobre como Chile, en donde el sueldo promedio de la población es de casi $600 mil pesos, uno se debería preguntar respecto a la real legitimidad, valor agregado y justicia de dichas rentas.

-Finalmente, como documenta el informe de la FNE, un 82% de los usuarios encuestados por el estudio, declaró no haber visto nunca al notario durante todo el proceso notarial requerido. Esto puede ser corroborado fácilmente hoy por cualquiera que trate de hacer un trámite en Santiago. Este hecho evidencia algo que todos sabemos, pero que la “canalla dorada” ignora, o al menos protege: los trámites notariales se están haciendo ante meros funcionarios de la notaría sin conocimiento jurídico especializado y que no han sido nombrados ministros de fe. Lo clave de este hecho es que sugiere que, si el 82% de los trámites notariales los pueden perfectamente hacer personas comunes y correnties sin haber sido nombrados ministro de fe y el proceso funciona sin problemas, entonces es perfectamente posible introducir la figura del “fedatario”, alguien que haga los mismos servicios que hoy ya hacen todos los funcionarios notariales y no los notarios quienes deberían ser los verdaderos ministros de fe.

En definitiva, con base en toda esta evidencia y consideraciones, la FNE estableció que las notarías efectivamente gozaban de rentas monopólicas o supracompetitivas, arrastrando de forma estructural ineficiencias productivas que se traducían en altísimos costos de tiempo y de recursos para la ciudadanía. En especial, el costo de tiempo expropiado por los notarios a desmedro de cada ciudadano que día a día pasan horas en bizantinas notarias para poder legalizar una fotocopia. La FNE sugirió realizar una reforma global y radical para inyectar competitividad, profesionalismo y tecnología al mercado monopólico de privilegios notariales que se arrastran por siglos. Es difícil ver cómo el último “apagón digital” ocurrido este mes, impuesto por la corte e impúdicamente celebrado por la Asociación de Notarios, contribuya a construir la necesaria modernización del mercado notarial. El actual proyecto de ley de reforma notarial —que se encuentra casualmente empantanado en el Senado desde enero— busca promover dichos cambios para acabar con las rentas monopólicas, introduciendo el uso masivo de tecnologías de la información, procesos más trasparentes de nominación de notarios y, más importante aún, aumentando la competencia a través de la nueva figura del “fedatario”. Esperemos que tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo aúnen fuerzas para poder sacudirse de la influencia retrograda de la “canalla dorada”, para que así podamos contar con un sistema notarial justo, competitivo y de trato digno que esté a la altura de los nuevos sueños y aspiraciones de igualdad y dignidad, tan reclamados hoy por la ciudadanía.