Reforma a indemnización por años de servicio

La última postergación del envío del proyecto de reforma laboral se justificó por la necesidad de incorporar las ideas que presentó un panel transversal de expertos sobre el mercado laboral. Se esperaba que la iniciativa -próxima a ingresar una vez que se reanude el trabajo legislativo- utilizara como insumo todas las recomendaciones consensuadas en dicha instancia. Una de ellas, y que permanentemente ha formado parte de los informes y recomendaciones para cambios en el mercado laboral, es la reformulación de sistema de indemnización por años de servicio (IAS).

Actualmente, en caso de despido bajo la causal contenida en el artículo 161 del Código Laboral (por necesidades de la empresa), el empleador debe pagar por concepto de IAS el monto equivalente a un mes por año, con un tope de 11. Este sistema, que en apariencia protege a los trabajadores, es en la práctica un freno a la movilidad y a reajustes de remuneraciones -los que se traducen en aumentos de contingencias ante necesidad de despidos-, y ha provocado la coexistencia de dos tipos de mercados laborales, uno con alta rotación (de contratos a plazo fijo y por obra o faena) y otro con escasa movilidad, donde los trabajadores no exploran mejores opciones por temor a "perder" su eventual indemnización, en circunstancias que menos del 10% de los trabajadores la recibe.

El gobierno ha estado explorando incluir otra modalidad -de carácter opcional- y que opere a todo evento, incluso ante la renuncia del trabajador o si el vínculo laboral se disuelve antes del año, aunque a diferencia del régimen actual, el trabajador recibiría la mitad de su remuneración por cada año de servicio con igual tope. El empleador destinaría un porcentaje de la remuneración bruta mensual a la cuenta individual del trabajador en el seguro de cesantía y aplicaría solo para futuros contratos, y si ambas partes están de acuerdo.

Ha trascendido que la actual administración quiere separar en dos proyectos los cambios en materia laboral, postergando esta iniciativa. La razón esgrimida es la de siempre: falta de piso político. Es paradojal que los principales detractores de introducir cambios en las IAS sean los representantes de la CUT, que en su mayoría congrega a trabajadores del sector público, a los que no les aplica el código laboral. Peor aún es la negativa anticipada de algunos parlamentarios, los que velando artificialmente por los intereses de los trabajadores cierran la puerta a legislar sobre esta materia. Quizás desconocen el carácter voluntario de la medida explorada por el gobierno, o tal vez ignoran que las relaciones en el mercado laboral están siendo cada vez más breves, ya no por voluntad de los empleadores, sino porque los nuevos trabajadores valoran aprendizajes cortos en distintas compañías o formas de trabajo colaborativas, distintas al modelo tradicional.

La actual administración debe demostrar que el tiempo que ha invertido en el trabajo prelegislativo dará lugar a un proyecto robusto, que incorpora todos los aspectos que los expertos han señalado como esenciales para modernizar el mercado laboral, donde reformular las IAS resulta ineludible.