Reforma previsional: repensando el sistema

Una reforma al sistema de pensiones en Chile es urgente y vital como piso mínimo para el desarrollo económico y bienestar social de la población. Es necesario hacerse cargo de un problema que va en línea con las recomendaciones de la OECD: la urgente necesidad de mejorar las pensiones de los adultos mayores. Ese es, quizás, el gran consenso, que a estas alturas es casi un lugar común, dada la eterna discusión y los abundantes antecedentes que existen respecto de la velocidad y las condiciones en las que envejece la población.

No obstante, la iniciativa del Gobierno sigue manteniendo sus vicios de origen. Por un lado, un problema público de carácter colectivo como lo es el de la seguridad social, se pretende resolver a través de una solución de mercado, la creación de una industria financiera privatizada con distribución de los riesgos a nivel individual y con ahorros de carácter obligatorio, con una gobernanza concentrada y no democrática que responde a requerimientos de mercados de capitales externos sin ser esto ancla de la inversión pública, o incluso privada del país.

Más aún, a pesar de haberse convertido en una de las industrias financieras privadas con más musculatura del país, en 2008 el Estado subsidia a la industria en un 40% financiando el componente solidario para el más del millón y medio de jubilados vulnerables impulsado la garantía de derecho social a través de una pensión básica solidaria, como dique de contención a la creciente desigualdad en el país.

Esto complementado con un modelo de inequidad horizontal y dual de financiamiento público y completamente estatal y solidario para uniformados en todas sus ramas, versus un modelo privado para civiles.

Lo anterior contradice la teoría de los modelos neoclásicos de crecimiento, donde la intervención del Estado es reprochable y la competencia es muy bienvenida. A casi cuatro décadas de su implementación, la industria de las AFP´s ha reducido su participación, de una veintena en sus orígenes, a seis empresas en la actualidad, con utilidades que aumentan anualmente desde U$830 millones en 2017 a U$913 millones en 2014.

Estos son algunos de los vicios de origen que la industria de las pensiones ha consagrado y reproducido, elementos que requieren transitar desde la discusión ciudadana a un proyecto de ley y posteriormente, a la construcción de un modelo de seguridad social inclusivo para el país. Esta discusión va más allá de los bonos a la clase media, a la mujer, o los incentivos a posponer la edad de jubilación e incluso del aumento de la contribución empresarial desde un 10% a un 14% (ese 40% de aumento en las pensiones, ceteris paribus, entrará en régimen en 40 años).

Para aumentar las pensiones de hoy y mañana es insostenible económicamente que sea solo el Estado quien cargue con las desigualdades que ha generado este modelo privado de pensiones, que sociabiliza pérdidas y privatiza y exporta al extranjero el 40% el patrimonio de los cotizantes. Es necesario transitar desde una industria privada que ha demostrado no ser maximizadora del bienestar social de un país, a un modelo de seguridad social robusto, eficiente, solidario en los riesgos e inclusivo. En materia económica es plausible que sus cotizantes legítimamente definan en qué inversiones y dónde se invierte el patrimonio colectivo de pensiones y que superan los U$212 mil millones.

La discusión sobre el sistema de pensiones no se trata tan solo de sacar un billete de un bolsillo para meterlo al otro; es un debate ético y urgente sobre una mayor participación y democracia económica de los legítimos dueños de la industria de las pensiones.