Una de las iniciativas más relevantes del programa de gobierno es la reforma tributaria, tanto porque permitirá financiar las demandas sociales y mejorar nuestros servicios públicos, como para reducir los niveles de desigualdad y con ello mayor justicia social.
Lamentablemente, durante los últimos años nuestro país no ha podido generar un pacto fiscal sólido, duradero y consensuado, debido a la continua oposición de los partidos de derecha para legislar en esta materia. Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se presentó una reforma tributaria que iba en esa línea, no obstante se argumentó que no era el momento para llevarla adelante, por lo que el proyecto que terminó aprobándose era mucho menos ambicioso que la propuesta original.
Ahora tenemos la oportunidad de generar un pacto fiscal sólido. Llevamos varias semanas de debate en la Comisión de Hacienda, se han recibido audiencias, se levantó una mesa de trabajo entre organizaciones gremiales y sindicales, y se realizó un trabajo prelegislativo con el Ministerio de Hacienda, que recogió las observaciones presentadas por los partidos de oposición. Sin embargo, recientemente dicho bloque votó en contra de la idea de legislar en la Comisión de Hacienda de la Cámara, sin siquiera mostrar disposición para discutir sobre la materia.
Es por lo menos llamativo que los diputados de dicho sector hayan señalado que este no es el momento para legislar en torno a una reforma tributaria, debido al complejo escenario económico nacional e internacional que enfrentamos. Esa misma respuesta dieron el año 2014, cuando no veníamos de un estallido social, de una pandemia ni enfrentábamos una recesión económica. ¿Cuándo será entonces el momento?
Este lunes dimos comienzo a la votación en particular de la reforma y logramos aprobar varias normas de la agenda antielusiva. Esta materia es especialmente relevante para la paz social, ya que se relaciona a la disminución de la desigualdad y corrupción. Si bien la derecha en su mayoría votaron en contra, es sumamente relevante que nuestro Congreso Nacional sea capaz de dar señales claras a la población, de que se está haciendo cargo de los elementos que terminaron fracturando nuestra convivencia en el estallido social.
Por otra parte, cabe preguntarse cómo la oposición piensa materializar su compromiso con avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho si es que han mostrado no estar disponibles para recaudar mayores recursos que financien el derecho a la salud, a la educación, a mejores viviendas y a una mejor pensión. Esto, en todo caso, es válido también para la provisión mixta de dichos derechos. Si queremos una sociedad civil empoderada, que contribuya en la provisión de servicios públicos, es absolutamente necesario que haya un Estado detrás con la capacidad de financiar y respaldar esas iniciativas.
Para terminar, quisiera responder a las críticas que continuamente se nos hace, respecto a que supuestamente limitamos las discusiones en pro del desarrollo del país por “ideología”. Pues bien, para esta reforma tributaria ya contamos con el antecedente del informe económico presentado por la OCDE, el que señala que va en la dirección correcta y responde a los desafíos que tiene nuestro país, tanto en materia fiscal como en materia de demandas sociales. Al parecer, no somos nosotros quienes limitamos nuestro desarrollo por meros intereses creados o “ideología”.
Por Gael Yeomans, diputada.
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