SEÑOR DIRECTOR:
La propuesta de reforma tributaria presenta complejidades difíciles de soslayar. Es que, tal como reconoce el ministro Marcel, se gesta en un periodo de caída de la inversión y de desaceleración, por lo tanto, va en sentido contrario a un aumento de la recaudación.
Junto a ello, existe el riesgo de que aun cuando se apruebe no se puedan financiar los derechos sociales comprometidos, debido al mayor desequilibrio fiscal y al contexto actual de alta inflación y un aumento imparable del dólar.
Aunque teóricamente la mayor recaudación será gradual a lo largo de estos cuatro años, se debe considerar que la rentabilidad real en la economía local y global ha venido disminuyendo sistemáticamente. Un 4% de recaudación del PIB en régimen implicará menos recursos para consumo y para inversión privada, con la promesa de allegar estos recursos para financiar inversión pública y derechos sociales.
La gran incógnita a resolver es si la menor rentabilidad de la inversión será compensada por una posible mayor productividad, dada esta promesa tributaria de mayor asignación de recursos para financiar bienes públicos, descentralización financiera regional, más gasto en I&D, entre otros.
Esta reforma también tiene que ver con la calidad de la ejecución pública y la transparencia del uso de los recursos públicos para tales objetivos. A eso debemos estar atentos, pues esta situación ya ha ocurrido demasiadas veces en Latinoamérica debido a la captura del Estado por grupos de interés.
Francisco Castañeda
Director Escuela de Negocios U. Mayor
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