Responsabilidad

SEÑOR DIRECTOR:

El pasado mes de octubre, a cuatro años del estallido de 2019, la Fiscalía Nacional presentó un informe detallado sobre el estado de las causas vinculadas a la denominada “violencia institucional”, por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. De 8.508 casos denunciados, se informó que han concluido 6.949, cifra que considera 31 sentencias condenatorias, 11 sentencias absolutorias y 3.729 causas archivadas.

Por su parte, la Corte Penal Internacional rechazó, en diciembre de 2021, el examen preliminar para conocer de estos hechos como crímenes de lesa humanidad.

Estos datos son relevantes para entender qué es lo que se imputará al actual general director de Carabineros, a título de participación omisiva en delitos de apremios ilegítimos. Así, la participación del general Yáñez aparece indexada a la responsabilidad de los agentes individuales ya condenados por el Poder Judicial mediante sentencias que tuvieron como fundamento un apartamiento de las instrucciones institucionales en un contexto de alteración grave del orden público.

La objetividad de la Fiscalía está en el centro del debate, no solo por el reclamo de Yáñez, sino también porque surge la interrogante sobre los indicios, sospechas y pruebas que la llevan a sostener que el general podría haber evitado los hechos que justificaron estas 31 condenas, de entre más de 8.000 denuncias formuladas.

Conoceremos en mayo los antecedentes que justifican la formalización, pero queda pendiente una revisión exhaustiva y profunda de la prerrogativa de la Fiscalía para formalizar sin control jurisdiccional ni responsabilidad funcionaria asociada, la misma que hoy está en el fundamento de su imputación al general director.

Ximena Risco

Exjefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior