Retorno ¿humanitario?

Esta columna fue escrita junto a Carolina Stefoni del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios, UAH.

El plan de retorno humanitario para ciudadanos de Haití expresa tres déficits claves de la política migratoria del presente Gobierno. Primero, la reacción coyuntural y atenta a las encuestas de popularidad por encima del objetivo de garantizar los derechos en igualdad de condiciones que la población local; segundo, fundamentos espurios para sostener estas medidas, lo que conlleva un bajo nivel de impacto, aunque alta cobertura mediática y tercero, una suerte de fijación con el colectivo haitiano, afrodescendiente, que si no es racista, "pega en el palo".

Las medidas del Gobierno en materia migratoria siguen un mismo patrón: preparación mediática de un escenario determinado (caos migratorio, descontrol de la migración irregular, pobreza y vulnerabilidad que afecta al colectivo haitiano) y el consecuente anuncio de soluciones ad hoc a dichos problemas. Poco importa la baja implementación que tengan dichas medidas en el futuro, que éstas no apunten a la protección del derecho de las personas, y que en el fondo solucionen muy poco los desafíos que presenta la migración a las sociedades actuales. El Gobierno comprendió que la "mano dura" sobre los migrantes, la nomenclatura de orden, control y seguridad, pareciera rendir frutos políticos de corto plazo. Un camino arriesgado en el actual escenario de fortalecimiento de discursos nacionalistas, xenófobos y racistas en la región. El problema es que estas medidas se caracterizan no sólo por una fuerte improvisación y descoordinación institucional, sino por la ausencia de una agenda centrada en fortalecer el proceso de inclusión de los colectivos. Las imágenes de las expulsiones recientes y los aviones con migrantes haitianos retornando a sus países están en las antípodas de una política de integración con perspectiva de derechos.

La historia del Programa de Retorno Humanitario es una muestra más. Un autodenominado vocero de la comunidad haitiana asiste a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, invitado por el diputado Velásquez con la anuencia del Gobierno, y ante su solicitud, se despliega este plan de retorno para ciudadanos haitianos. No nace de una visión de política migratoria, no estaba en ningún plan ni tampoco nace de una instancia de diálogo institucional con las organización -porque dicho sea de paso la eliminaron de un plumazo-. ¿Qué fundamento sostiene entonces esta medida?  ¿Por qué solo el colectivo haitiano? ¿Por qué los nueve años? ¿Por qué un plan de retorno, cuando las experiencias mencionadas por la propia autoridad – el caso de España- fue un profundo fracaso? Lo cierto es que no fue discutida en mesas técnicas, ni tampoco con las colectividades involucradas.

La respuesta a estas preguntas debemos buscarla en cierta obsesión que tiene la actual administración con un colectivo que es apenas el sexto más numeroso en Chile. Esta es la tercera medida especial y excepcional para los migrantes haitianos. Antes fue la instalación de dos visas que solo lograron hacer más difícil, insegura y costosa la migración hacia Chile.

Pero el real desafío que tenemos como sociedad es lograr que los migrantes haitianos puedan desarrollar sus proyectos de vida en este país que escogieron como segundo hogar. El desafío es no llevarlos a los márgenes de la sociedad por ausencia de papeles, por no poder acceder a un trabajo digno o porque no pueden acceder a condiciones básicas de vida. La marginalidad que algunos enfrentan no se resuelve devolviéndolos a Haití, porque probablemente volverán a emigrar, esta vez a otro destino, y aún más endeudados de lo que ya estaban. La pobreza y vulnerabilidad se resuelve con derechos, con oportunidades, con valoración y respeto a las personas, no con expulsiones ni retornos "voluntarios" que no dimensionan la gran inversión económica, emocional y social que hubo detrás de ese sueño. ¿Alguien se habrá preguntado si el retorno realmente mejorará las condiciones de vida de estas personas?