Sin defensa y con pocas esperanzas

En 1925, cuando escribió su Balance Patriótico, el poeta Vicente Huidobro señaló que a Chile le hacían falta un alma y un ariete. Este, para destruir; aquella, para construir. Sin duda, hemos encontrado el ariete, en la forma de una horda que quema, amenaza y saquea con impunidad. Pero no logramos dar con el alma que otorgue sentido a un proceso engullido por la violencia y que no encuentra respuesta en unas autoridades desorientadas.

¿Quién manda en el país de hoy? El Ejecutivo se encuentra acorralado entre su impopularidad y su indecisión, convertido en comentarista -no en protagonista- de lo que ocurre; los carabineros están atados de manos; el Ministerio Público brilla por su ausencia; los tribunales actúan según el gusto del juez de turno; el Congreso parece más dedicado a obstruir que a legislar. A río revuelto, ganancia de agitadores: las únicas que logran sus objetivos son las minorías que actúan por la fuerza, que se anotan triunfo tras triunfo.

Lo ocurrido con la PSU constituye un botón de muestra del dañino cóctel de intolerancia, por el lado de los violentistas, e ineptitud, por el de las autoridades, que nos venimos tragando desde el 18 de octubre. Ejemplos: parece que el vicepresidente del Cruch ha estado de viaje en los últimos dos meses y medio, porque solo así se explica que se justifique afirmando que "nunca pensamos que se iba a actuar contra personas impidiendo que ejercieran un derecho"; el vocero de la ACES anuncia con amplia cobertura mediática que hará todo lo posible por impedir que se rinda el examen, y nadie actúa contra él ni previene la amenaza; pese a que se establecieron custodias especiales, la prueba de historia se filtró y tuvo que ser anulada.

Basta que un grupo se decida a actuar para que se imponga. La incapacidad para implementar la rendición de una prueba en la que participan casi 300 mil estudiantes hace inevitable preguntarse por la viabilidad práctica del referéndum constitucional del 26 de abril. En las condiciones actuales, con un nivel de amedrentamiento y violencia que las autoridades no logran controlar, es impensable creer que están dadas las condiciones para el país vote con normalidad.

A estas alturas, resulta obvia la inutilidad de los discursos que llaman a grupos irreductibles a deponer la violencia o piden la unanimidad del espectro político para condenarla. Las autoridades deben ser responsables y adoptar las medidas que permitan imponer la legalidad, incluso si ello significa que algunas de ellas irán al sacrificio, como podría ocurrirle al intendente metropolitano. Es triste que sea así, pero el momento exige que abandonen el miedo que las tiene paralizadas y se decidan a actuar. Alguien debe mostrar la voluntad y la valentía para hacerlo. De lo contrario, nos hundiremos todos.