SEÑOR DIRECTOR
Recientemente asistimos con sorpresa e incredulidad a la noticia de que el reemplazo de ministros del Tribunal Constitucional se produciría a través de la Cámara de Diputados y el futuro Presidente de la República con criterio de estricta representación política. Aún más, las personas propuestas son diputados derrotados en las últimas elecciones, con título de abogado, pero sin experiencia ni conocimiento en Derecho Constitucional. Lo anterior vulnera claramente el artículo 92 de la Constitución, ya que son personas que no han destacado especialmente en la “actividad profesional, universitaria o pública”, como lo exige la norma, más allá de haber sido parlamentarios, calidad que no satisface automáticamente el requisito.
Esta eventual decisión constituye un paso más en el desprestigio de este tribunal y su consideración de “tercera cámara” ilegítima de revisión legislativa, cuestión a la que sin duda ha contribuido el propio comportamiento del TC y algunos de sus ministros en los últimos años, y que justificaría su supresión en la nueva Constitución.
Los órganos y autoridades se fortalecen y prestigian no solo a partir de un buen diseño institucional, sino también de una selección rigurosa de sus autoridades y una práctica política consistente. Esto es lo que ha ocurrido con tribunales constitucionales de otros países (Alemania, por ejemplo) o incluso con órganos estatales en nuestro medio (Banco Central), cuyos integrantes son elegidos con especial rigor y seriedad, lo que ha ido acompañado de una práctica institucional solvente.
¿Acaso a alguien se le ocurriría nombrar a un exdiputado cualquiera, con título de ingeniero comercial, en el consejo del Banco Central? Pareciera que para los políticos la Economía es un campo más serio que el Derecho.
Juan Carlos Ferrada Bórquez
Profesor de Derecho Administrativo
Universidad de Valparaíso
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