Transformación digital del Estado

La lógica con que el Estado se comunica está definida por la actual normativa que regula la gestión documental que data de 1929. Con este antecedente no debe sorprender que el Estado, pese a estar inserto en la época del big data, utilice 5 millones de resmas al año, requiriendo algo así como 4 mil canchas del Estadio Nacional de árboles, para registrar y comunicar información que podría estar de forma digital, o bien, le pida a las personas documentos y certificados emitidos por el mismo Estado. Estas situaciones no tienen sentido con las posibilidades que entrega la tecnología hoy y deben ser asumidas con sentido de urgencia.

La reciente aprobación de la Ley de Transformación Digital del Estado viene a ser el punto de partida para cambiar esta situación. Con ella se le da sustento legal a la Estrategia de Transformación Digital del Estado liderada por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que busca establecer las bases para que cada servicio avance en la digitalización, basándose en tres objetivos claros: un Estado Cero Filas, Cero Papel, y con identidad digital, mediante el uso masivo de la Clave Única.

La ley cambia el paradigma de la forma en que el Estado se relaciona entre sus propias instituciones, pero también modifica la modalidad en que el Estado interactúa con la ciudadanía.

Ahora será posible devolverle el tiempo y costo a las personas, y que sea el Estado quien deba arreglárselas para solucionar los problemas que ante él se presenten. Para eso hemos introducido el principio de interoperabilidad, mediante el cual los servicios públicos tienen la obligación de coordinarse y compartirse la información de la que disponen. Esto evitará que el ciudadano vaya de servicio público en servicio público recopilando documentos, perdiendo valioso tiempo en esta labor. En otras palabras, nunca más el Estado le pedirá a un ciudadano un certificado que emita el mismo Estado. Asimismo, esta ley introduce otros cambios relevantes, permitiendo que de aquí en adelante los procedimientos, notificaciones, comunicaciones, y todos los trámites que deban realizarse ante el Estado, se hagan por medios electrónicos como regla general, siendo excepcional el uso de papel.

Pero esta ley no es un caso aislado, es un puntal más de una serie de transformaciones que tienen por finalidad cambiar el comportamiento y la forma de funcionar del Estado de aquí en adelante. Se busca repensarlo de forma permanente en base a las necesidades ciudadanas, aprovechando las oportunidades que la revolución tecnológica pone a nuestra disposición. Ejemplos de esto son la Comisaría Virtual o el Hospital Digital, ambos ya en funcionamiento.

Ahora viene implementar esta ley. Es un cambio institucional y cultural, que tiene un plazo máximo de cinco años para su materialización, y que requerirá del compromiso de las mismas instituciones, los funcionarios públicos, la sociedad civil y la empresa privada. Este es un compromiso fundamental que hemos adquirido como gobierno, atendiendo que el verdadero sentido de transformaciones como ésta, es poner al Estado al servicio de las personas.