Una buena señal

Plebiscito


Los partidos políticos transversalmente acordaron hacer un cambio en el calendario del proceso constituyente que comenzaba con el plebiscito del próximo 26 de abril, que contó con el respaldo del gobierno. A él concurrieron no solo las fuerzas políticas que habían suscrito el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución para buscar una salida a la crisis social y el estallido de violencia ocurrido a partir del 18 de octubre, sino que se sumaron quienes se habían restado con fuertes críticas en esa oportunidad, como el PC y Convergencia Social.

El cambio requerirá de una reforma constitucional que se anunció será presentada la próxima semana y permitirá que la realización del acto eleccionario sea el 25 de octubre, fecha en que inicialmente se habrían hecho las elecciones municipales y las de convencionales constituyentes -de triunfar la opción apruebo en el plebiscito-, las que se postergarán para el mes de abril del próximo año.

Después de mucho tiempo en que las trincheras políticas en el Congreso han impedido avanzar con la agilidad y profundidad necesaria en materias importantes, o de declaraciones desafortunadas de sus miembros que han generado dudas sobre el respeto a las instituciones democráticas y a las instancias republicanas, en esta oportunidad los parlamentarios han antepuesto con celeridad a las diferencias partidarias las necesidades del país, contribuyendo con ello a velar por la salud y la vida de los ciudadanos al evitar la propagación del Covid-19. De haberse realizado el evento eleccionario bajo las condiciones actuales los riesgos de contagio habrían sido muy altos, más aún considerando que para esa fecha está previsto el peak de la enfermedad.

Lo ocurrido es una señal positiva ya que deja de lado responsablemente voces hasta hace poco disonantes, y da cuenta de que ante desafíos relevantes la concurrencia de voluntades de nuestros congresistas es posible. Sin perjuicio de ello, es importante que la convergencia demostrada se pueda extender a la discusión legislativa de otras materias cuyo resultado la ciudadanía espera y que se ralentizan inexplicablemente.

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