SEÑOR DIRECTOR
La violencia política es el arma de los desquiciados o de los desesperados, sea obra de civiles o de uniformados. Su expresión extrema es el terrorismo de grupo o del Estado. Revela el fracaso de la política, la incapacidad de lograr que amplios sectores se movilicen tras un objetivo. Nunca ha tenido éxito. Tampoco cuando nace de causas justas, y a su paso deja un reguero de sangre y sufrimiento. Pensemos, por ejemplo, en el trágico destino de Sendero Luminoso en el Perú.
En La Araucanía hay problemas graves que se arrastran por décadas ante la indiferencia de la sociedad y las reacciones esporádicas de los gobiernos. La crisis se agrava día a día sin que el país haya diseñado un proyecto compartido de tratamiento de los pueblos indígenas, como lo hizo Nueva Zelandia luego de un período de fuertes conflictos con la etnia maorí.
Cualquier solución debe partir por aislar a los grupos violentos y poner en marcha un proceso que enfrente las causas de la discriminación y la exclusión indígena: un nuevo trato que permita saldar la deuda histórica, cuya postergación enardece a grupos juveniles impulsándolos a acciones de fuerza. La reacción del Estado mediante el solo uso de las armas es lo que buscan los extremistas: colocar el conflicto en términos de guerra. Algunos ya hablan de la “nueva guerra de Arauco” y claman por la autodefensa y el enfrentamiento entre civiles.
El proceso de reencuentro de Chile con sus pueblos originarios tiene una gran oportunidad en la Convención Constitucional con la presencia de representantes indígenas. Como ha dicho recientemente Adolfo Millabur, la violencia es contraria a la causa mapuche. Pareciera que su recrudecimiento buscase impedir el éxito de la Convención.
El gobierno ha convocado a un acuerdo contra la violencia. Lo que corresponde es una tregua en La Araucanía respaldada por todos. No es mucho pedir. Habría que cobrarle la palabra a H. Llaitul, líder de la CAM, y apelar a las comunidades pacíficas, pero que no ven hasta ahora una solución efectiva a sus problemas.
Sería absurdo que el país desaprovechara una instancia de diálogo y que la Convención no pudiera cumplir su tarea.
José Antonio Viera-Gallo
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