Columna de Héctor Soto: "Contra las cuerdas"

Ciertamente, la guerra civil que hoy está en curso en el Ministerio Público no le va a resultar gratis a esta repartición. Tal como van las cosas, de este incordio nadie saldrá indemne. Salta a la vista que hay prácticas y criterios de gestión que no están funcionando bien y que toda la institución pareciera estar un poco a la deriva en función de los golpes y contragolpes libreteados por los intereses en juego. De momento, el velo de confusión y opacidad que cubre el caso está generando mucho desconcierto en la opinión pública. Tanto, que este pareciera ser uno de los pocos conflictos que, instalados en el espacio público, no es interpretable enteramente a la luz de la pugna entre el gobierno y la oposición. Puede tener algo de eso, desde luego. Pero, ciertamente, es más que eso y por lo mismo que cuesta más entenderlo, también costará más solucionarlo

Las denuncias que se han hecho, sumadas a las sospechas de franca corrupción y tráfico de influencias que pesan sobre la Corte de Apelaciones de Rancagua, dejan en muy mal pie la confianza pública tanto en el Poder Judicial como en la fiscalía. Obviamente, a todos nos hubiera gustado que estos dos escándalos no hubiesen coincidido. Y también es obvio que nos gustaría que alguien nos dijera que uno de esos escándalos no esté siendo tapadera, consecuencia inevitable o factor distractivo del otro.

Más allá de la figura del fiscal regional Emiliano Arias, prosecutor que entiendo tiene excelentes cifras de gestión en su zona y que está acusado de varias irregularidades por uno de sus subalternos, lo que verdaderamente se está jugando aquí es el poder y la falta de debidos contrapesos en el actuar del Ministerio Público. También está en entredicho un tema que viene desde hace tiempo y que cuestiona el manejo que los fiscales hacen de los medios para acusar y arrastrar al patíbulo de la plaza pública a quienes ellos decidan condenar incluso antes de iniciados los juicios. Esta es una variable, una desviación, según indican los expertos, contra la cual es muy difícil que el sistema de investigación penal a cargo de fiscalías pueda inmunizarse por completo. Aunque en esto, como en todo, hay grados. El problema es que entre nosotros ya ha llegado a ser chacota. Y que no tiene sanción. No deja de ser una ironía que hoy sea un fiscal regional quien proteste -con toda razón, por lo demás- contra las asimetrías de un sistema que lo acusa sin haberlo notificado siquiera, a través de los medios, con filtraciones dosificadas, parciales y mañosas, que mezclan la paja con el trigo y que bien podrían corresponder a incidencias que ni siquiera van a resistir un mínimo estándar probatorio. Si eso ahora le está ocurriendo a un fiscal, bueno, qué queda entonces para el resto de los ciudadanos.

Lo más increíble, lo más indignante, es que mientras esta pugna se salía de control, las filtraciones continuaron, no obstante el escrutinio público existente sobre el caso. Lo más probable es que hayan seguido como notificaciones y advertencias. Es una hipótesis. Nada muy distinto, convengamos, de lo que ocurre en el mundo gangsteril.

Esta es la peor crisis que ha enfrentado el Ministerio Público desde su creación y lo sorprende sin un liderazgo fuerte hacia el interior y tampoco con mucho crédito de confianza ciudadana en su cuenta corriente, entre otras cosas porque hay problemas de efectividad en las fiscalías en materia de seguridad pública. El país ha tenido que pagar un precio por el garantismo, pero aun sumados todos los problemas del nuevo sistema penal, nadie podría discutir que sigue siendo muy superior al antiguo sistema. Es cosa de ver lo que ocurrió en el caso Frei, donde un juez estuvo 15 años anunciando el parto de los montes, y ya sabemos lo que fue su sentencia, o en el curioso caso que está llevando la jueza Rutherford, que ha montado poco menos que Nuremberg y que tiene al Ejército chileno en crisis de pánico porque alguien se quedó con diferencias de precios en los pasajes aéreos. Habría que estar loco para querer volver a ese sistema.

La crisis que está viviendo tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público es extremadamente grave. Entre otras cosas, porque vamos camino a una sociedad que terminará judicializándolo todo: la política, la religión, los colegios, la salud, el desarrollo de las ciudades, la familia, el transporte, en fin. Y va a tener que ser el poder político -sí, el desprestigiado poder político, a qué si no apelar ante una crisis de esta magnitud- el que restablezca los equilibrios y ponga ahora los debidos contrapesos en el sistema. Está visto que la autonomía total pareciera generar tantos o más problemas que los generados por el amiguismo y las trenzas de poder.